Proponen penas de 14 años a delincuentes que cobren peajes en barrios
Autoridades han alertado de aumento de este tipo de extorsiones
Las extorsiones por cobro de peajes son delitos que según las autoridades, las personas no denuncian por temor a ser víctimas del crimen organizado.
En este tipo de extorsiones, los delincuentes le cobran dinero a las personas por trasladarse de su casa al trabajo, al pasar por un puente y hasta por tener un negocio abierto. Por transitar de un lado a otro, los delincuentes piden hasta ¢1.000. En otros casos, para que una persona pueda operar un negocio debe de pagarles hasta millones a los antisociales.
Un nuevo proyecto de ley presentado en la Asamblea Legislativa pretende endurecer las penas por este tipo de extorsión. La iniciativa de ley busca una reforma al artículo 214 del Código Penal, con el fin de establecer agravantes al delito de extorsión, dirigido contra personas que deben de transitar de manera regular o casual en una zona específica.
La propuesta de ley sugiere que se impongan penas de prisión entre los 4 y 14 años de cárcel para los delincuentes que se dediquen a estas extorsiones, con agravantes para casos que involucren el uso de tecnologías o la participación de organizaciones delictivas.
La iniciativa fue presentada por la diputada independiente, Gloria Navas Montero y el liberacionista y presidente de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico del Congreso, Gilbert Jiménez Siles.
"En algunas zonas donde hay mucha delincuencia, se les cobra, y eso es no solo por grupos, sino que es crimen organizado en muchos de los casos", dijo la diputada Navas Montero.
Jiménez mencionó que una vez aprobada la legislación, el Poder Ejecutivo tendrá un plazo de 6 meses para reglamentarla, estableciendo los mecanismos de coordinación y seguimiento necesarios para su implementación efectiva.
En ese sentido se establece que el Ministerio de Seguridad Pública, las municipalidades y el OIJ podrán crear unidades especializadas dentro de los cuerpos policiales dedicadas exclusivamente a la investigación, prevención, combate de la extorsión y unidades especiales de choque para desarticulación de bandas extorsionadoras.
"Para que se ponga un alto en el camino, y definitivamente poder llevar a estas personas con el mayor castigo que la ley establece, contra las posibilidades, a cumplir este castigo. Esta era una ley sumamente urgente, necesaria" manifestó Jiménez.
Protección a testigos
Una de las finalidades de la nueva propuesta legislativa es también establecer programas de protección para las víctimas y testigos de estos casos
El director del OIJ, Randall Zúñiga, aseguró que en estos casos los ciudadanos no denuncian por temor
"La gente no denuncia y teme mucho hacerlo. Hemos realizado trabajo de campo para preguntar si son víctimas del cobro peajes y lo que nos contestan es que somos unos irresponsables y dicen: 'a ustedes cómo se les ocurre venir aquí a preguntar si soy víctima de peaje, me están exponiendo y la gente va a creer que estoy hablando con ustedes dándoles información'.
"Esto es un verdadero problema para poder tener un dato certero de los cobros de peajes en el país. Lamentablemente, esto no se ve, pero la ciudadanía sufre mucho y prefiere callar que hablar con las autoridades", comentó Zúñiga semanas atrás.
En su exposición de motivos en el proyecto, los diputados Navas y Montero señalan que la incidencia del delito de cobro de peaje o tributo en Costa Rica todavía no alcanza los mismos niveles que otras actividades contra la ley, pero advierten que las denuncias estarían evidenciando que su rango de acción se extiende en el país.
Mencionaron que datos del OIJ a los que tuvieron acceso reportan 38 casos desde el 2021 al 18 de setiembre del 2023.
Añadieron que en 2021 solo se reportaron las incidencias en las provincias de San José y Cartago, mientras que en el 2022 se sumaron expedientes en Alajuela y Limón, y para el 2023 se agregó Puntarenas.
