Procuraduría recomienda a diputados ampliar lista de delitos para extradición

Específicamente el genocidio, crímenes de guerra, de lesa humanidad y de agresión

La Procuraduría General de la República recomendó a la Asamblea Legislativa incluir más delitos en la reforma constitucional impulsada por los diputados oficialistas que permitiría la extradición de costarricenses con pendientes legales en el extranjero por crímenes vinculados a narcotráfico y terrorismo.

El proyecto de ley, respaldado por el Gobierno, pretende habilitar la posibilidad de poder entregar a un ciudadano nacional si tiene deudas con la justicia de otros países, algo que no ocurre hoy en día.

De acuerdo con la Procuraduría, este proyecto de ley (23.701) no requiere establecer una Asamblea Constituyente y los diputados sí pueden tramitar la reforma parcial a la Constitución. Además, señalaron que expulsar nacionales bajo esas condiciones no es un derecho humano fundamental.

No obstante, en sus conclusiones, los procuradores van más allá y recomiendan incluir una lista más amplia de delitos que ameritan la extradición. Específicamente el genocidio, crímenes de guerra, de lesa humanidad y de agresión. Cita el oficio PGR-OJ-082-2024:

Asimismo, debe tomarse en consideración que, si se realiza la reforma, las únicas dos excepciones permitidas en el futuro para la extradición de nacionales serían los delitos de terrorismo y tráfico internacional de drogas, con lo cual, podrían quedar por fuera otros delitos de carácter internacional no autorizados expresamente.

No obstante lo anterior, se recomienda valorar incluir también, al menos los delitos relacionados con el Estatuto de Roma (genocidio, crímenes de guerra, de lesa humanidad y de agresión), cuya vinculatoriedad ya ha sido aceptada por la Sala, así como los delitos relacionados con las convenciones internacionales atinentes a las materias de terrorismo y tráfico internacional de drogas, que constituyen compromisos asumidos por Costa Rica en el ámbito de las Naciones Unidas.

Esto a través de la incorporación de un párrafo final en el artículo 31 constitucional y no en el numeral 32 como se pretende.

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