Procuraduría exigirá ₡12 millones de indemnización a Héctor Chaves y funcionaria de Bomberos
Fiscalía acusó a jerarca y otra funcionaria de 8 delitos de peculado por utilizar vehículos institucionales para temas particulares
La Procuraduría de la Ética Pública confirmó a crhoy.com que solicitará ₡12 millones como indemnización por el daño social causado presuntamente por Héctor Chaves y otra funcionaria del Cuerpo de Bomberos, acusados de utilizar vehículos oficiales para actividades personales.
La institución, que funciona como abogado del Estado, confirmó que dentro de las pretensiones de la querella que presentó se incluye ₡8 millones, que el director de Bomberos deberá pagar en caso de ser declarado culpable en un juicio.
Angie Méndez Navarro, asistente administrativa de jefatura de Batallón 12, deberá pagar ₡4 millones como daño social causado, en caso de que sea declarada culpable por un Tribunal. Ambas cifras pueden actualizarse posteriormente, según la Procuraduría.
"Montos a los cuales se le deberá sumar los intereses sobre esa cantidad; como perjuicio y consecuencia del daño producido. Asimismo, se solicita la indexación de los montos al momento de su efectiva liquidación y sean las costas de este proceso atribuidas a los imputados civilmente responsables", comunicó la Procuraduría.
Estas peticiones son añadidas a la acusación y solicitud de iniciar un juicio que pidió la Fiscalía Anticorrupción contra el director de Bomberos y la funcionaria, señalados de ocho delitos de peculado por utilizar vehículos institucionales para temas particulares, ajenas a su función pública.
Consultados por crhoy.com, el Instituto Nacional de Seguros (INS) también confirmó que el pasado 2 de setiembre presentó una querella y una acción civil ante el Ministerio Público, contra dos funcionarios Chaves León y Méndez Navarro. No obstante, no detallaron el monto. Indicaron:
De acuerdo con el artículo 295 del Código Procesal Penal, el procedimiento se encuentra en la fase preparatoria y no es público para terceros.
Las actuaciones solo podrán ser examinadas por las partes o sus representantes, quienes tienen la obligación de guardar secreto sobre las mismas. El incumplimiento de esta obligación será considerado una falta grave.
Ahora el Ministerio Público está a la espera de que el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública señale fecha para la audiencia preliminar para el expediente 21-000011-1218-PE. En ese trámite se definirá si se ordena el juicio, en el cual participarán la Procuraduría y el INS.
De esa causa penal se derivó un testimonio de piezas contra Chaves, es decir, una investigación adicional independiente por la posible distracción de fondos públicos mediante el uso de una fundación. Estos hechos se tramitan bajo el número de expediente 24-000276-1218-PE.
Crhoy.com consultó el pasado martes a Héctor Chaves su posición sobre la petición de un juicio en su contra y sobre la nueva investigación, pero al cierre de esta nota no hemos obtenido respuesta.
Los hechos
El 26 de octubre del 2022, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) ejecutó una serie de 8 allanamientos efectuados en la sede del Cuerpo de Bomberos, para investigar a su director, Héctor Chaves.
Los puntos intervenidos incluían la empresa Volar Helicopters S.A. en un hangar del aeropuerto Tobías Bolaños en Pavas, así como una oficina de contaduría pública. También una casa de habitación en Curridabat y otra en Montes de Oca que no pertenecía a Chaves León.
La Fiscalía además precisó un allanamiento en la Dirección de Tecnología de Bomberos, mientras que la Policía Judicial apuntó diligencias en una sede de la institución en Barrio Amón, también en la capital, así como en Santo Domingo.
Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó en aquel momento, la investigación contra Chaves León inició a finales del 2021, en la que se persiguen presuntas irregularidades en el pago de un servicio aéreo para una funcionaria de carácter personal y con fondos públicos, así como por un uso aparentemente irregular de carros oficiales.
Otras deudas
En marzo pasado, la Procuraduría General también confirmó que exigiría el pago de ₡34 millones a Héctor Chaves y otros tres funcionarios, como daño civil causado por supuestos delitos de malversación y similares, en otra acusación sobre otros hechos.
Héctor Chaves, director de Bomberos, es el principal señalado en la causa, por presuntamente haber cometido cuatro delitos: malversación, influencia contra la Hacienda Pública, falsedad ideológica y peculado de uso.
Al parecer, Chaves habría utilizado un vehículo institucional para fines personales. Adicionalmente, se presume que participó en instruir la contratación de un artista para diseñar una escultura, con fondos de la caja chica de la entidad, sin concurso de por medio.
Tres altos funcionarios administrativos más, de apellidos Mora Montenegro, Chacón Morales y Alvarado Mesén, también fueron acusados por el Ministerio Público.
Desde el 11 de marzo pasado, el Ministerio Público anunció la solicitud de apertura a juicio contra los 4 empleados de Bomberos. Dieron tiempo a la Procuraduría y al Instituto Nacional de Seguros (INS), al 22 de marzo para presentar demandas civiles y acciones civiles resarcitorias.
Esa otra causa se tramita bajo el expediente judicial 21-182-1218-PE.
El Instituto Nacional de Seguros (INS) también presentó acciones legales para reclamar una compensación económica por los daños y perjuicios que habría provocado el director del Benemérito Bomberos.
Tal como informó crhoy.com el pasado 2 de abril, la Dirección Jurídica del Instituto ya presentó una querella y acción civil contra el funcionario.
No obstante, el Departamento de Comunicaciones no brindó detalles sobre cuál es monto económico exacto que solicitarán en el reclamo, dado que esos detalles no se pueden brindar en este momento procesal.
La acusación de la Fiscalía, señala que durante el proceso de contratación, insertaron información falsa en documentos públicos del Cuerpo. La contratación habría ocurrido sin concurso de por medio, y sin la posibilidad de valorar más ofertas en el mercado.
El INS puede hacer un reclamo, dado que Bomberos es un órgano adscrito, mientras que el reclamo de la Procuraduría lo hace a nombre del Estado costarricense, como su abogado.