Procuraduría de la Ética se suma a investigación por audios de Presidencia
"La Procuraduría de la Ética Pública ya tiene apersonado un procurador en la investigación que está desarrollando la Fiscalía bajo el número de expediente 23-000057-0033-PE.", respondió brevemente la PEP tras una consulta planteada días atrás por este medio.
La semana anterior la exministra Navarro entregó todos los audios a la Fiscalía General de la República. Su abogado, Federico Campos, informó de que la exjerarca proporcionó las grabaciones por voluntad propia, sin que mediara ninguna orden de las autoridades.
La Oficina de Prensa del Ministerio Público confirmó la semana pasada que la Fiscalía investiga el contenido de los audios de las conversaciones.
"Por ahora, no es posible brindar mayores detalles, en apego al artículo 295 del Código Procesal Penal, el cual protege la privacidad de las actuaciones", informó la institución.
Según reveló el periódico La Nación, Navarro comenzó a grabar reuniones desde el 10 de mayo del 2022, dos días después de la toma de posesión de Chaves, porque quería "documentar hechos que podían ir contra la ley o la ética".
El abogado Federico Campos explicó que Navarro decidió entregar todos los audios para que la Fiscalía los utilice como evidencia en las investigaciones que considere necesario.
El 7 de diciembre anterior la Fiscalía Adjunta de San José rechazó la solicitud del presidente Chaves de ordenar a La Nación detener la publicación de dichos audios
El Ministerio Público concluyó que dichas grabaciones no son de conversaciones privadas, sino que versan sobre dinero y contratos públicos. Además, en los audios intervienen el presidente y otros altos funcionarios, lo que claramente conlleva un interés público que merece escrutinio social.
Por otra parte, señaló que la publicación de los audios, por parte de ese medio, no encaja en el delito penal que alegaron el mandatario y el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez.
Añadió, además que la solicitud de Chaves de detener las publicaciones de los audios constituiría una censura previa, acción que está prohibida en Costa Rica.