Procuraduría de la Ética se apersona al caso “Cochinilla” y estudia expediente
Entre los imputados hay 13 funcionarios del Conavi y entre estos hay altos mandos
(CRHoy.com).- Dos procuradores de la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) se unieron al caso "Cochinilla" y se encuentran estudiando el expediente según comunicó la institución.
La PEP tiene a su cargo casos vinculados a la corrupción en la función pública, y su fin es promover la ética y la transparencia en su ejercicio.
En caso "Cochinilla" se investiga la presunta conformación de una red de sobornos, entre empresas y empleados de el Consejo Nacional de Vialidad, para favorecer la participación de las compañías investigadas en proyectos de construcción y conservación vial. La cantidad de personas detenidas asciende a 30 y en total se allanaron 57 puntos.
Entre los imputados hay 13 funcionarios del Conavi. Hay altos mandos involucrados: el exgerente financiero del consejo (apellido Solís), la gerente de la proveeduría institucional (Madrigal Rímola), el director financiero actual (Rojas Monge), el gerente de conservación de vías y puentes (May Cantillano), jefe de la tesorería institucional (Lobo Bejarano), entre otros funcionarios con puestos ligados a aspectos financieros y de ingeniería.
Además, también se investiga la presunta vinculación con el caso de Allan Ugalde Rojas, gerente de la División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República (CGR), quien se separó temporalmente de la coordinación (interna y externa) en materia de obra pública.
La división liderada por Ugalde se encarga de ejecutar procesos de fiscalización previa en materia de contratación administrativa (como carreteras o proyectos de conservación vial).
Las empresas constructoras vinculadas por el OIJ y la Fiscalía al caso son H.Solís y MECO, principales contratistas del Estado en proyectos de obra vial, forman parte de un grupo de 5 empresas que están bajo la lupa por aparentemente pagar sobornos (dinero, carros, propiedades y hasta favores sexuales) con tal de hacerse con adjudicaciones o para recibir algún tipo de ventaja en procesos licitatorios. Incluso, se señala la posibilidad de que los funcionarios aparentemente sobornados pagaran facturas por adelantado.
Las otras 3 empresas investigadas son: Constructora Herrera, ITP Ingeniería y Cacisa.