Primer año de Chaves fue el de mayor incremento en amparos contra gobierno
Recursos por libertad de prensa también incrementaron
El primer año del gobierno del presidente Rodrigo Chaves Robles registró el mayor incremento en recursos de Amparo declarados con lugar de las últimas administraciones.
El actual Poder Ejecutivo registró declaratorias con lugar cinco veces más en comparación con el mismo periodo de arranque en la administración del exmandatario Luis Guillermo Solís Rivera.
Ese dato se desprende del último informe del Estado de la Nación del Programa Estado de la Nación (PEN), presentado en noviembre anterior.
El periodo entre 2022 y 2023 se presentaron 3.261 declaraciones con lugar por partes de los magistrados a las instituciones vinculadas con el Poder Ejecutivo.
En comparación al tiempo entre 2015 y 2016, el monto era de 698, según enfatizó el informe con base en estadísticas del Centro de Jurisprudencia Constitucional del Poder Judicial.
Leonardo Merino Trejos, coordinador del PEN, enfatizó que lo anterior corresponde a una tendencia en donde los procesos de rupturas de la política pública con la legalidad vienen en cuestionamiento a lo largo de los últimos años.
"Con la gran cantidad de recursos de amparo declarados con lugar con una orden en contra el Poder Ejecutivo, es en el 2022 más de cinco veces mayor que en el 2015 y más del doble que en el 2021. Un momento en que la institucionalidad ejerce pesos y contrapesos y controla límites de la acción gubernamental", indicó Merino.
Judicialización y roces con la ley
La Sala Constitucional es una institución que se creó en 1989 para que los ciudadanos puedan acudir a esta instancia si consideran que sus derechos constitucionales fueron vulnerados.
El estudio de la constitucional es determinante para conocer si las acciones de los Poderes de la República se apegan a las normas y evitar extralimitaciones en sus funciones, de tal forma que generen roces a la Constitución Política.
El análisis del reciente estudio reflejó que pese a la existencia de pocos decretos de alto alcance o normas sustantivas existe una alta proporción acerca de que sean enviados al máximo Tribunal Constitucional para su valoración.
"Se registra una mayor evidencia de problemas de legalidad sobre políticas públicas, la cual se expresa en la cantidad de recursos de amparo que han sido resueltos con condenas en contra de entidades del poder Ejecutivo", detalló el informe del Programa Estado de la Nación.
El informe sostuvo que persiste un escenario de incremento en la conflictividad ciudadana en materia de políticas públicas, es decir, la forma en cómo el Poder Ejecutivo enruta sus acciones en aquellas decisiones cuyas responsabilidades recayeron en ellos.
Precisamente uno de esos controles es ejecutado por la Sala Constitucional en la modalidad de recursos de amparo, siendo que en esos recursos son los actores sociales y la ciudadanía vigilan para que no se vulneren libertades y derechos.
"El año 2022-2023, que corresponde a los primeros doces meses de la administración Chaves Robles, sobresale como el de mayor incremento en la serie de datos, con un incremento de 1.392 casos en comparación con la cantidad registrada en el año 2021-2022.
"Los últimos tres años, además, coinciden con un uso ampliado y diferenciado de los decretos ejecutivos por parte de dos administraciones gubernamentales diferentes, con un mayor énfasis en decretos de alto alcance", indicó el informe presentado por Merino.
El informe citó el caso de la disputa del Consejo de Gobierno de suspender en diciembre de 2022 a cuatro miembros de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), al alegar un supuesto conflicto de intereses tras la aprobación de un incremento salarial congelado en pandemia.
El desenlace de este caso es que la Sala Constitucional obligó la restitución de los suspendidos y que el señalamiento fue que "las actuaciones cuestionadas del Consejo de Gobierno contravinieron la independencia absoluta y la garantía de inamovilidad que la ley les da a los miembros de la Junta Directiva de la CCSS en el ejercicio de sus funciones".
Libertad de prensa
Un punto que señaló el informe del Estado de la Nación fue el acudir a la Sala Constitucional en la defensa de la libertad de prensa.
La PEN hace alusión a la sentencia 2023-012085 emitida por el máximo Tribunal en el cual se determinó que el uso de un lenguaje irrespetuoso y ofensivo contra los periodistas constituye una lesión a la libertad de prensa.
El fallo detecta que la función periodística es la de contar eventos de interés público y pedir cuentas a quienes están al mando de las autoridades del Poder Ejecutivo.
"Desde el inicio de la gestión de la Sala Constitucional en 1989 y hasta 2013, este tribunal recibía menos de 100 casos por año. Este panorama empezó a cambiar en 2014 y se prolonga, con algunos altibajos, hasta la fecha.
"De hecho, el año 2022 se caracteriza por reportar la mayor cantidad de recursos de amparo para la tutela y protección de ambas libertades. El comportamiento de estos recursos con alguna resolución o sentencia por parte del tribunal citado registra un patrón similar al planteado anteriormente, aunque en menor proporción", señaló la PEN.