Presidencia no convocó plan de ejecución de pena propuesta por Poder Judicial
Jerarca del OIJ pide al Ejecutivo valorar pronta convocatoria
(CRHoy.com).-El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga López, instó al Poder Ejecutivo a incluir dentro de sus prioridades en el Congreso en los próximos 3 meses el proyecto de ley de reforma a la ejecución de la pena.
Esta propuesta de ley fue presentada el pasado 17 de octubre por los jerarcas del Poder Judicial.
Este martes en la tarde el Poder Ejecutivo anunció el primer listado de proyecto de ley que convocará en las Sesiones Extraordinarias que arrancan este miércoles. De momento el plan de ejecución de la pena no figura en el listado.
En declaraciones con CRHoy.com, Zúñiga aseguró que esta iniciativa de ley es fundamental para el combate a la criminalidad en el país y para mejorar la seguridad ciudadana.
El jerarca del OIJ abogó por la inclusión de la propuesta de ley en las Sesiones Extraordinarias que arrancan este miércoles 1 de noviembre. En este período legislativo, que se extiende hasta finales de enero, el Poder Ejecutivo controla la agenda de los congresistas.
El jerarca explicó que la iniciativa, en principio, establece legalmente los requisitos para que una persona pueda acceder a un régimen de privación de libertad con beneficios, que quiere decir fuera de prisión.
Según la propuesta de ley, las personas que sean condenadas por crimen organizado, tráfico de drogas, homicidio o femicidio no podrán solicitar esos beneficios.
¿Qué han dicho otros actores?
El director del OIJ no es el único que aboga por la pronta aprobación de este proyecto de ley y que, ahora, está en manos del Poder Ejecutivo para que pueda avanzar.
Otros jerarcas del Pode Judicial han expresado la importancia de esta propuesta de ley.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez, señaló que al aprobar esta ley se procura garantizar el cumplimiento de penas impuestas a las personas condenadas y dar una seguridad jurídica al debido proceso.
Según Aguirre, esto se logra mediante una clara definición de las competencias de las personas juzgadoras y del Poder Ejecutivo.
"Esta propuesta da certeza y seguridad jurídica a los actores encargados de la administración de la justicia, además establece parámetros para uniformar los criterios a la hora de ejecutar sanciones penales y medidas de seguridad impuestas por los tribunales", manifestó Aguirre semanas atrás.
El Fiscal General, Carlo Díaz, agregó que hoy no existe un procedimiento en el Código Procesal Penal para regular la ejecución de las penas. "Regula los procesos de desinstitucionalización de las personas que están sentenciadas y pone como condiciones que deben cumplir como mínimo un tercio de la pena", afirmó el fiscal.
Otro aspecto relevante, explicó Díaz, es que se regulan las medidas correctivas que establecen los jueces. "En algunas ocasiones los jueces disponen de medidas correctivas y ellos decidían por ejemplo, si tenían que hacer liberaciones masivas de personas sentenciadas y esto no tenía apelación del Ministerio Público ni del Ministerio de Justicia que administra las cárceles", agregó Díaz. Con esta reforma, se otorga ese recurso de apelación a la Fiscalía, para esos casos.
Por su parte, la magistrada presidenta de la Sala Penal, Patricia Solano, reconoció que la propuesta es necesaria porque ha existido una "cierta libertad" entre la interacción de control que debe realizar el juez de ejecución de la pena y las potestades que tiene la administración penitenciaria, esto es así porque se ha regulado de manera reglamentaria, permitiendo "ciertas subjetividades" al momento de aplicar las modalidades de la ejecución de la sanción.
"Entonces la ley pretende regular los casos y las condiciones para poder tener modalidades de ejecución diferente y eso es importante cuando hay hacinamiento carcelario", comentó.