El gobierno de Carlos Alvarado impulsa la reforma. (Archivo/CRH).

(CRHoy.com) -Una cuestionada reforma a la Ley de Protección de Datos Personales, impulsada por el oficialista Partido Acción Ciudadana (PAC), avanza en el Congreso, a pesar de que expertos en ciberseguridad mantienen sus alertas.

El proyecto fue avalado por la Comisión de Asuntos Económicos, se encuentra en la etapa de enmiendas al texto y se enrumba al Plenario Legislativo para su discusión y votación final.

El diputado Enrique Sánchez, proponente de la iniciativa, explicó que se están recibiendo las mociones de fondo como parte del trámite de votación en primer debate.

"Después de aprobadas las consultas y con base en los criterios recibidos se están preparando y recibiendo mociones", sostuvo el legislador oficialista.

La diputada Ana Karine Niño, del Partido Liberación Nacional (PLN) y presidenta de la Comisión de Asuntos Económicos, confirmó que el proyecto de ley fue dictaminado afirmativamente con la salvedad de que el texto debe ser corregido para cerrar cualquier portillo que atente contra la seguridad en el manejo de datos personales.

Dijo que a partir del próximo martes se comenzarán a conocer, discutir y votar más de 100 mociones que recibió el texto.

Advertencias

Comisión de Asuntos Económicos del Congreso. (Archivo/CRH).

A pesar de que el texto está siendo corregido, especialistas en ciberseguridad insisten en sus cuestionamientos y mantienen sus advertencias.

Mauricio París y Daniel Rodríguez, presidente y director ejecutivo de la fundación Privacidad y Datos (Pridat), reconocieron que siguen con preocupación.

"El diputado Enrique Sánchez ha presentado a la Comisión de Económicos una tercera versión del proyecto de ley 22.388 que, si bien ha incorporado varias de las recomendaciones efectuadas por Pridat y otras organizaciones, mantiene graves falencias y riesgos para la ciudadanía", sostuvieron.

Manifestaron que, en primer lugar, les llama la atención la insistencia de permitir intercambios masivos de datos personales entre entes del Estado "con el pobre requisito de firmar un convenio institucional y enviarlo a la Agencia de Protección de Datos".

La Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) se creó por decreto ejecutivo y al publicarse este la población se enteró de su existencia. Con esta reforma, este tipo de intercambios masivos de datos se harían fundamentados en un simple convenio que ni siquiera sería publicado, afirmaron.

Razones para oponerse

Mauricio París, experto en datos. (Archivo/CRH).

París y Rodríguez, ambos expertos en ciberseguridad, argumentaron estas razones para objetar la iniciativa de ley:

• Se legitimaría el intercambio masivo y descontrolado de datos, en contra del principio de minimización, publicidad, razonabilidad y proporcionalidad. Tampoco se regularía la cesión de datos entre instituciones públicas y el sector privado. Esto provocaría un vacío normativo que generaría inseguridad y desconfianza.
• Se pretende trasladar la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab) del Ministerio de Justicia a la Asamblea Legislativa. A criterio de los especialistas, esto sería inconstitucional.
• La iniciativa establece limitaciones burocráticas e innecesarias a las transferencias internacionales de datos personales. Estas le restarían atractivo al país para proyectos de inversión que impliquen transferencia de datos personales. Costa Rica es una economía de servicios en la cual centenares de empresas tienen sus operaciones y requieren importar o exportar datos como parte de sus operaciones, ya sea a terceros o incluso a sus propias empresas vinculadas. Estos datos se trasladan muchas veces a Costa Rica para que filiales o proveedores realicen procesamientos puntuales de datos.
• Establece una multa de hasta ₡27.732.000 o hasta el 4% del volumen de negocios total, es decir, de las ventas totales de una empresa durante el periodo fiscal anterior por realizar una transferencia internacional de datos sin cumplir con los requisitos de la normativa.
• Obliga al registro de bases de datos ante la Prodhab lo cual sería "un anacronismo inconsistente con las tecnologías modernas, genera burocracia y vulnerabilidades de seguridad al extraer descripciones de repositorios de datos a lo externo de las empresas y organizaciones".
• No se contemplan potestades para que la Prodhab sancione a los funcionarios públicos que incurran en infracciones a la ley, dejando impunes los comportamientos de los mismos.

"Esta es una oportunidad muy importante para modernizar nuestra legislación de protección de datos, pero no es un tema para tratarlo con prisas. Instamos respetuosamente a los señores y señoras diputadas a tomar en cuenta las
recomendaciones expertas que desde la sociedad civil formulamos, en aras de garantizar una verdadera protección de datos y una regulación a la altura de los tiempos", concluyeron los especialistas.