¿Por qué marcharán educadores y universitarios este miércoles?
Los recortes al presupuesto educativo, la deuda con el régimen de pensiones del Magisterio Nacional y los reclamos salariales llevarán a educadores y universitarios a marchar este miércoles 11 de noviembre en San José.
La manifestación comenzará a las 9:00 a. m. en el parque de La Merced y avanzará hacia la Plaza de la Democracia, frente a la Asamblea Legislativa. Participarán sindicatos educativos y las cinco universidades públicas.
¿Cuáles son los reclamos?
El presupuesto educativo de 2027 representa un 4,9% del producto interno bruto (PIB), frente al 8% establecido en la Constitución Política. Los sindicatos cuestionan la falta de recursos para atender las necesidades de escuelas y colegios.
En materia laboral, las organizaciones reclaman el pago de anualidades, recargos, lecciones de planeamiento y cuestionan la transición al salario global.
Sobre las pensiones, la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) asegura que el Estado todavía adeuda más de ₡44.000 millones a la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema), pese al abono de más de ₡30.000 millones anunciado por el MEP.
El sindicato también denuncia que faltan cerca de ₡50.000 millones en el presupuesto de 2027 para cubrir las obligaciones del régimen de pensiones.
"Cuando el ministro sale diciendo que tantos millones fueron pagados y que la deuda ha sido pagada, eso es una tergiversación de la verdad", afirmó Jessie Valverde, vicepresidenta de APSE, durante el programa Asesoría a su alcance.
Reclamos universitarios
El Consejo Nacional de Rectores (Conare) y las cinco universidades públicas rechazan el recorte de ₡8.048 millones a los recursos del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) incluidos en el presupuesto de 2027.
El dinero forma parte de los ₡62.590 millones que las universidades postergaron durante 2020 y 2021. El Gobierno acordó devolverlos en ocho tractos a partir del segundo semestre de 2026, pero el primer giro no se realizó.
Por su parte, el ministro de Educación, Leonardo Sánchez, aseguró que los argumentos sindicales carecen de fundamento y responden a intereses políticos.
También advirtió que el MEP acudirá a los tribunales para solicitar que se determine la legalidad de la huelga si se suspenden las clases.