Policía vio propaganda en local durante inspección previa a aval de club de PLN
Abogado sostiene que club político fue inscrito antes de que cambiara normativa sobre contribuciones

(CRHoy.com) Un oficial de la Fuerza Pública, quien actuó como asistente en la inspección de un local que se había solicitado inscribir en octubre de 2009 como club político del Partido Liberación Nacional (PLN), observó propaganda de esa agrupación en el recinto antes de que este fuera avalado al mes siguiente.
Se trata de Walber Porras Alemán, un funcionario que ahora se desempeña como asesor legal del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) y que declaró la mañana de este viernes en el juicio seguido en el Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José contra los exdiputados Antonio Calderón Castro y Óscar Alfaro Zamora, por la presunta donación ilegal del inmueble y su recepción en la campaña del 2010.
Tal reconocimiento formaba parte del proceso de matrícula de clubes políticos, a cargo de la Policía, cuyo mando pasa a poder del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) durante los procesos electorales. El abogado de profesión, tal cual lo hicieron otros tres testigos que le antecedieron, puntualizó que la solicitud de inscripción la hizo Calderón Castro en su condición de secretario general de la organización política. Asimismo, detalló que, como parte del trámite, se remitió la personería del partido y una carta de autorización del dueño de la casa, Chicharrín S.A., que era presidida y representada por Alfaro Zamora.
Durante el interrogatorio, el testigo describió que el reducto en cuestión se situaba cerca del edificio Sión de la Asamblea Legislativa, en la capital, y que estaba pintado de verde y blanco, colores de la bandera de Liberación Nacional.
"Entramos por el parqueo. Luego nos atendió una señora. Cuando ingresamos había una sala grande, uno o dos baños. Y luego había una serie de oficinas. Era grande el local, no recuerdo cuánto medía, pero había unas cinco o seis oficinas. Tenía servicio sanitario y electricidad, que era parte de lo que hacíamos en las inspecciones, verificar que tuviera acceso para personas con discapacidad, extintores… generalmente se hacían esas prevenciones", señaló el testigo al ser consultado sobre cómo se distribuía el edificio que inspeccionó.
"Al comienzo había una sala grande con sillas y escritorios. No recuerdo si archiveros. Tenía papelería, volantes o brochures, no sé cómo se le llama a eso. No recuerdo cuántos escritorios o sillas. Estaba una señora y otras personas en él", agregó.
El fiscal Alexánder Valverde Peña le pidió ahondar respecto a los elementos que dijo que eran de la agrupación, ante lo que indicó: "No recuerdo qué decían, pero sí eran papeles del partido. Eran volantes, creo. Traían un membrete con los colores del partido".
Posteriormente, el servidor público aseguró que esos papeles a los que hizo referencia estaban a simple vista.
Se trata de la primera ocasión en el debate que una persona afirma haber visto material propagandístico en la que posteriormente se denominó como "Casa de la Victoria", que fungió como "centro de operaciones" de la campaña del entonces candidato al Congreso, Alfaro Zamora.
Inscripción previa
Tanto el jueves como el viernes, la defensa insistió en consultar a los testigos sobre la posibilidad de que un mismo inmueble fuera inscrito en dos oportunidades distintas, así como sobre el plazo de vigencia de la inscripción, una vez que esta era concretada por la Fuerza Pública.
Walber Porras Alemán destacó que no era posible la inscripción de clubes políticos de dos partidos distintos en los mismos 100 metros y se mostró confundido cuando se le preguntó sobre matricular uno sobre otro previamente avalado.
Según el defensor de Antonio Calderón Castro, Mario Soto Baltodano, el club en cuestión fue autorizado en enero de 2009; es decir, nueve meses antes de que entrara en vigencia el actual Código Electoral, con su prohibición para que personas jurídicas realicen donaciones a agrupaciones políticas, como ocurrió en la contribución de la "Casa de la Victoria", por parte de Chicharrín S.A.
El abogado sostiene que esa primera inscripción era por tiempo indefinido y que así se desprende de la declaración dada el jueves por el exasesor legal del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos Ruí López González. Sobre ese particular, Porras Alemán dijo desconocer cuál era el plazo de vigencia de un club.
"Se ha demostrado que la inscripción del club en noviembre de 2009 no era posible y es inexistente porque el club se había inscrito desde enero de 2009. Era como poner una inscripción sobre otra, era innecesaria, porque el plazo de inscripción de los clubes era por toda la campaña. Es más, se puede inscribir un club en cualquier momento, incluso fuera de campaña si uno quiere abrir un club político lo puede abrir perfectamente y lo registra. Entonces eso implica que no estaba vigente el Código Electoral cuando se inscribió.
"Yo no estaba ahí, pero por lo que he visto en los años que he conocido este tema, fue un error por un cambio de personal. Es decir, llegó personal nuevo que preguntó: ¿está inscrito o no? Entonces, como dicen los ticos, por lo que potis (sic.), lo mandaron a inscribir y más bien hicieron una torta, en el sentido de una cuestión de descuido, no un delito", comentó Soto Baltodano a CRHoy.com.
"Casa de la Victoria"
Óscar Alfaro Zamora es acusado de presunta donación ilegal, mientras que Antonio Calderón Castro, como secretario general de los verdiblancos, es señalado de una aparente recepción de contribuciones privada ilegales. Estas figuras están previstas en los artículos 274 y 275 del Código Electoral, que las sanciona con entre 2 y 6 años de prisión.
Específicamente, al segundo se le señala de haber inscrito -a solicitud del primero- una casa club en San José perteneciente al Chicharrín S.A. -del cual este último es socio- para la realización de actividades proselitistas de la campaña de 2010.
Precisamente, la normativa electoral prohíbe las contribuciones de parte de las personas jurídicas, como en este caso sería esa empresa.
Tanto el abogado defensor Érick Ramos Fallas como Mario Soto Baltodano han sostenido que no existió delito alguno.