Policía tico está a las puertas de ser extraditado junto a 3 sospechosos de narco
Michael Amador Corella, alias "Rojo", un oficial de la Fuerza Pública originario de la Zona Sur, es el primer policía costarricense que está a las puertas de ser extraditado. El Tribunal Penal de Golfito avaló la solicitud de la Fiscalía de California, en Estados Unidos, que lo requiere por participar en narcotráfico internacional.
Un juez también aprobó su extradición junto con la de William Ramírez "Rambo", Greivin Castro "Precioso" y Jorge Cordero "Candado", requeridos por el mismo expediente. La autorización judicial se giró el pasado 27 de julio, pero hace aproximadamente un mes los abogados defensores presentaron recursos de apelación, que sigue en trámite.
Ahora le corresponde al Tribunal de Apelaciones de Goicoechea analizar el caso y definir si los cuatro sujetos son remitidos a suelo estadounidense o si se rechaza la extradición. El grupo fue capturado el 18 de octubre de 2025, aunque sus órdenes de captura fueron giradas por un tribunal federal californiano desde 2020.
El caso se originó a partir de una investigación realizada por la Administración para el Control de Drogas (DEA), con la asistencia de las autoridades costarricenses y la Guardia Costera de EE. UU. Se trata de una organización dedicada a la movilización transnacional de drogas, asentada en Golfito.
Desde 2017, transportó toneladas de cocaína procedentes de Colombia, las cuales eran trasladadas a través de Costa Rica hasta México, con el destino final en suelo estadounidense. Durante las pesquisas, las autoridades lograron incautar más de tres toneladas de cocaína pertenecientes a esta red.
Los implicados enfrentan una acusación ante el Tribunal de Distrito de Sur de California por los delitos de distribución y conspiración para traficar grandes cantidades de cocaína. Un cómplice y testigo colaborador de la DEA aportó información tras su arresto.
A este testigo se le mostraron fotografías de los involucrados, a quienes identificó plenamente. Además, confirmó a los investigadores que se había reunido con ellos en persona y por medios electrónicos para coordinar las actividades de narcotráfico. Comunicaciones intervenidas ratificaron la operación criminal.
Para el traslado de la sustancia utilizaban barcos, buques marítimos, aviones y furgones de carga. A lo largo de la investigación, las autoridades lograron incautar más de tres toneladas de cocaína vinculadas a esta organización. Entre las incautaciones están:
- Incautación de 785 kilogramos de cocaína: 19 de noviembre de 2017
- Incautación de 703 kg de cocaína: 21 de diciembre de 2017
- Incautación de 239 kg de cocaína: 21 de marzo de 2018:
- Incautación de 700 kilogramos de cocaína: 14 de abril de 2018
- Incautación de 1,062 toneladas de cocaína: 8 de junio de 2018:
La organización criminal adquirió múltiples terrenos y fincas en Sabalito de Coto Brus, una comunidad cercana a la frontera con Panamá. Estas propiedades se utilizaban tanto para ocultar los cargamentos terrestres como para habilitar terrenos llanos, óptimos para el aterrizaje de avionetas acondicionadas para vuelos de largo alcance a baja altura, con el fin de evadir los radares del Servicio de Vigilancia Aérea.
Una vez que las aeronaves tocaban tierra en sus pistas clandestinas, la droga era descargada de inmediato y oculta en búnkeres o camiones.
Primer policía
Amador Corella se encargaba de resguardar físicamente y vigilar los cargamentos de cocaína que se movilizaban por vía terrestre y marítima a través del Pacífico Sur y la frontera sur del país. Coordinaba y ejecutaba el traslado directo de la droga una vez que ingresaba desde Panamá, para asegurar su libre tránsito hacia el norte del país.
Además, facilitaba la recepción de estupefacientes movilizados mediante lanchas rápidas y aeronaves que utilizaban pistas clandestinas. Se presume que realizaba cobros sistemáticos y fijos por cada kilogramo de cocaína que lograba cruzar con éxito las fronteras bajo su supervisión.
Tuvo una evolución dentro del mundo criminal. En sus inicios en las actividades ilícitas, "Rojo" fungía estrictamente como un intermediario logístico. Su labor se limitaba a dar soporte, verificar el estado de los cargamentos de droga en carretera y reportar los movimientos policiales al principal cabecilla de un grupo criminal de alto perfil.
Con el paso del tiempo, al ganar experiencia, contactos y control sobre una red de policías corruptos en la Zona Sur, decidió operar de manera independiente. En su faceta independiente, "Rojo" comenzó a adquirir sus propios cargamentos de cocaína.
En lugar de solo cobrar una comisión o peaje por cuidar la mercancía ajena, la compraba directamente para luego revenderla y distribuirla a organizaciones criminales asentadas en Guatemala y México. A partir de su detención, se comenzó a investigar a un grupo de policías, al parecer corruptos, que colaboraban con las bandas de la región.
Según informes de la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC), "Rojo" lideró el reclutamiento de decenas de policías activos de la Fuerza Pública en la Región Brunca Sur. Luego utilizaba la base de datos y los canales de comunicación policial para alertar a la banda sobre retenes, operativos antidrogas planificados y movimientos de patrullas.
Paralelamente al narcotráfico, operaba con redes de contrabando como la banda de "Los Whiskeros", coordinando el paso ilegal de grandes cargamentos de licor desde la frontera sur para evadir los controles fiscales y aduaneros.
El expediente de extradición revela que Ramírez Arguedas, también conocido como "Kimba", y Castro Muñoz, "Muñeco" o "Lalo", dirigían y supervisaban las operaciones, mientras que Cordero Obregón, "Gordo" o "Pallín", trabajaba para ellos, incluso en la legitimación de capitales.