Poder Judicial pide frenar normas de Hacienda que le congelarían ¢30.000 millones

Ana Eugenia Romero, directora administrativa del Poder Judicial; Orlando Aguirre, presidente de la Corte y Damaris Vargas, vicepresidenta de la Corte. Foto: Asamblea Legislativa de Costa Rica

Los jerarcas de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General y OIJ manifestaron su preocupación y solicitaron a la Comisión de Asuntos Hacendarios dar marcha atrás con las normas presupuestarias que buscan congelar cerca de ¢30.000 millones del presupuesto de este Poder de la República para 2027.

Hacienda planteó una serie de "normas" en el proyecto de Presupuesto Nacional que analiza la Asamblea Legislativa. Entre ellas se encuentra la norma 9, que bloquearía ¢29.843,8 millones del presupuesto judicial, distribuidos en 313 subpartidas operativas y de infraestructura.

La propuesta condiciona la liberación de esos recursos al cumplimiento de una serie de requisitos presupuestarios y legislativos.

Desde el Poder Judicial, instan a la comisión a frenar los recortes y las normas a partir de mociones que modifiquen el ejercicio presupuestario 2027.

Orlando Aguirre, presidente de la Corte Suprema de Justicia, advirtió sobre las repercusiones de los millonarios recortes planteados por Hacienda.

Aguirre también se refirió al fideicomiso cuestionado por el Gobierno y afirmó que este fondo es distinto al presupuesto del Poder Judicial y tiene un fin específico, por lo que, según explicó, no pueden utilizarlo para los fines que exige el Gobierno. Este fideicomiso se genera a partir de excedentes de subpartidas presupuestarias.

El fideicomiso lo fiscaliza la Contraloría General de la República (CGR) para la construcción de infraestructura.

Por su parte, Michael Soto, director a. i. del OIJ, calificó como preocupantes los recortes y señaló que afectarían la capacidad de la institución para adquirir chalecos y municiones, así como para atender de manera gradual la criminalidad y proteger a las víctimas del crimen organizado.

Los jerarcas también advirtieron sobre eventuales afectaciones en áreas tecnológicas, la emisión de sentencias, la suspensión de audiencias virtuales, la tramitación de expedientes y la notificación de resoluciones, lo que podría provocar una parálisis parcial e incluso total de algunos servicios a partir de febrero de 2027.

Entre las principales afectaciones señaladas por los jerarcas se encuentran:

• Fondos insuficientes para cubrir alquileres.
• La Zona Sur quedaría sin morgue judicial, sin un edificio para tribunales y celdas judiciales.
• El sistema penal se quedaría sin cerca de 2.500 plazas
• 810 plazas menos para el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
• La Fiscalía perdería 251 funcionarios y la Defensa Pública, 230.
• El área administrativa tendría cerca de 300 puestos menos.
• La Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito perdería 115 puestos.

La propuesta de Hacienda plantea girar los recursos condicionados únicamente si el Poder Judicial demuestra ante el Congreso un adecuado uso de los fondos y del fideicomiso. Para ello, establece normas de ejecución presupuestaria cuyo cumplimiento sería supervisado desde la Comisión de Asuntos Hacendarios, presidida por el oficialismo.

La diputada del PLN, Ángela Aguilar, afirmó que la fiscalización no implica paralizar los servicios que brinda el Poder Judicial.

Por su parte, la también liberacionista Diana Murillo afirmó que el país enfrenta un "escenario inédito" en el que, a su criterio, se busca desmantelar este Poder de la República.

Más recortes

Adicionalmente, el Presupuesto Nacional 2027 plantea un recorte de ¢10.000 millones al Poder Judicial. A esto se suma que, durante este año, el Gobierno aplicará un recorte de ¢11.000 millones al presupuesto judicial de 2026, equivalente al 2% de las partidas asignadas a este Poder de la República.