Comisión dominada por oficialismo podría no renovar plazas judiciales “a discreción”
La Comisión de Ingreso y Gasto Público, dominada por Pueblo Soberano (PPSO), tendría libertad para rechazar la renovación de plazas de funcionarios judiciales a partir de las normas propuestas por el Ministerio de Hacienda que condicionan los recursos del Poder Judicial en 2027.
Así lo detalló Orlando Aguirre, presidente de la Corte Suprema de Justicia, en audiencia este miércoles ante la Comisión de Asuntos Hacendarios del Congreso, que estudia el Presupuesto Nacional 2027.
Las plazas podrían incluir aquellas de funcionarios que investiguen a jerarcas del Ejecutivo y diputados oficialistas cuestionados por corrupción y otros presuntos delitos.
La comisión tendría que decidir sobre la liberación de cerca de ¢30.000 millones del presupuesto judicial, de acuerdo con las normas de ejecución presupuestaria planteadas por Hacienda.
José María Villalta, jefe de fracción del Frente Amplio, advirtió que una comisión integrada mayoritariamente por diputados oficialistas podría tener injerencia sobre la renovación de plazas de funcionarios judiciales que eventualmente investiguen a funcionarios del Ejecutivo o a diputados oficialistas en causas penales.
Aguirre afirmó que la norma 9 no establece plazos ni fija restricciones claras sobre la decisión de renovar o no las plazas vacantes.
"Cualquier plaza que se le consulte a comisión puede ser improbada. La norma no tiene ninguna restricción, ni establece plazos", manifestó Aguirre.
Advierten por recortes
Los jerarcas de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General y OIJ manifestaron su preocupación y solicitaron a la Comisión de Asuntos Hacendarios dar marcha atrás con las normas presupuestarias.
Hacienda planteó una serie de "normas" en el proyecto de Presupuesto Nacional que analiza la Asamblea Legislativa. Entre ellas se encuentra la norma 9, que bloquearía ¢29.843,8 millones del presupuesto judicial, distribuidos en 313 subpartidas operativas y de infraestructura.
La propuesta condiciona la liberación de esos recursos al cumplimiento de una serie de requisitos presupuestarios y legislativos.
Desde el Poder Judicial, instan a la comisión a frenar los recortes y las normas a partir de mociones que modifiquen el ejercicio presupuestario 2027.
Orlando Aguirre, presidente de la Corte Suprema de Justicia, advirtió sobre las repercusiones de los millonarios recortes planteados por Hacienda.
Aguirre también se refirió al fideicomiso cuestionado por el Gobierno y afirmó que este fondo es distinto al presupuesto del Poder Judicial y tiene un fin específico, por lo que, según explicó, no pueden utilizarlo para los fines que exige el Gobierno. Este fideicomiso se genera a partir de excedentes de subpartidas presupuestarias.
El fideicomiso lo fiscaliza la Contraloría General de la República (CGR) para la construcción de infraestructura.
Principales afectaciones
Por su parte, Michael Soto, director a. i. del OIJ, calificó como preocupantes los recortes y señaló que afectarían la capacidad de la institución para adquirir chalecos y municiones, así como para atender de manera gradual la criminalidad y proteger a las víctimas del crimen organizado.
Entre las principales afectaciones señaladas por los jerarcas se encuentran:
- Fondos insuficientes para cubrir alquileres.
- La Zona Sur quedaría sin morgue judicial, sin un edificio para tribunales y celdas judiciales.
- El sistema penal se quedaría sin cerca de 2.500 plazas
- 810 plazas menos para el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
- La Fiscalía perdería 251 funcionarios y la Defensa Pública, 230.
- El área administrativa tendría cerca de 300 puestos menos.
- La Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito perdería 115 puestos.
Los jerarcas también advirtieron sobre eventuales afectaciones en áreas tecnológicas, la emisión de sentencias, la suspensión de audiencias virtuales, la tramitación de expedientes y la notificación de resoluciones, lo que podría provocar una parálisis parcial e incluso total de algunos servicios a partir de febrero de 2027.
Adicionalmente, el Presupuesto Nacional 2027 plantea un recorte de ¢10.000 millones al Poder Judicial. A esto se suma que, durante este año, el Gobierno aplicará un recorte de ¢11.000 millones al presupuesto judicial de 2026, equivalente al 2% de las partidas asignadas a este Poder de la República.
Actualmente, el Presupuesto Nacional 2027 se encuentra en análisis de la Comisión de Asuntos Hacendarios, que deberá dictaminarlo antes de que pase al Plenario Legislativo para su votación por parte de los diputados.