Poder Judicial perderá más de una quinta parte de sus funcionarios por restricciones de Hacienda
Todo el sistema de justicia del país se quedaría sin 2463 plazas vacantes, lo que representa el 17 % de los puestos ordinarios del Poder Judicial, si la Asamblea Legislativa aprueba las restricciones presupuestarias planteadas por el Gobierno en el plan de gastos del sector público para 2027.
De esa cifra, 810 plazas corresponden al Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la policía encargada de hacer frente al crimen organizado. Otras 739 pertenecen a la judicatura (de las cuales 259 son de jueces).
La Fiscalía perderá 251 funcionarios y la Defensa Pública 230, mientras que el área administrativa recortará casi 300 puestos y la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito, 115. Esta masiva reducción de personal impactaría en todos los servicios judiciales del país: desde juicios penales hasta litigios privados y asesorías en materia de pensiones o asuntos familiares.
La razón de esta paralización es que el Ministerio de Hacienda solicitó a los diputados exigir, para disponer de estas plazas, un estudio de costo-beneficio respaldado por un informe técnico de la Contraloría General de la República. Este documento deberá ser conocido por la Corte Plena y contar con la aprobación final de la Comisión Legislativa de Ingreso y Gasto Público.
Todo ello debe cumplirse antes de transferir los fondos para salarios y costos de personal. El informe técnico mencionado tendría que actualizarse cada trimestre, lo que introduce una obligación constante e hiperregulada en lugar de otorgar una habilitación estable durante todo el año.
Además, la medida no solo aplica a las vacantes actuales, sino también a las plazas que queden desocupadas el otro año por jubilaciones, renuncias, revocatorias u otros motivos, extendiéndose incluso a puestos sin nombramiento en propiedad.
Esto no significa que se trate de puestos de trabajo ociosos o desocupados. El Poder Judicial designa temporalmente a personas en dichos cargos mientras realiza los concursos de oposición, lo que permite mantener la continuidad operativa en el proceso.
Un ejemplo claro ocurre en la cúpula del OIJ: Michael Soto ejerce como director interino —aunque su plaza en propiedad es de subdirector—, mientras que Vladimir Muñoz, a su vez, ocupa la subdirección de forma interina. Con la norma impulsada por Hacienda, la policía judicial se quedaría "sin cabeza".
El impacto en el servicio público sería severo ante la imposibilidad de cubrir estas sustituciones. La Dirección de Gestión Humana del Poder Judicial documentó que existen costos asociados a extremos laborales, horas extraordinarias, sustituciones, reprocesos y eventuales ajustes al salario global en recontrataciones.
Por ello, el recorte presupuestario no se traducirá necesariamente en un ahorro real para la institución. La incertidumbre sobre las sustituciones comprometería la continuidad operativa, afectando en especial a despachos pequeños o unipersonales. Además, existirá un mayor riesgo de rezago y un incremento en los tiempos de respuesta al usuario.
El Poder Judicial advierte que todo esto reducirá la capacidad operativa para la investigación criminal, la protección a víctimas y testigos, la defensa pública y la función jurisdiccional.