Ministro defiende recorte de ₡7.115 millones para el sistema carcelario
Gabriel Aguilar, ministro de Justicia, defendió el recorte de ₡7.114,8 millones para el sistema penitenciario en 2027, recursos que dejarán de recibir las cárceles del país pese al incremento de la cantidad de personas privadas de libertad en los últimos años.
El presupuesto para la atención de las personas privadas de libertad ronda los ₡148.000 millones y para el próximo año habrá un 5 % menos de recursos disponibles para este rubro, con el cual se financian la administración y custodia de las cárceles, así como la rehabilitación y reinserción social de los reclusos.
Dentro del programa de atención a personas privadas de libertad, se realizaron varios movimientos presupuestarios y, en total, se rebajaron ₡11.342 millones destinados específicamente a la atención de los reclusos hombres. Esa disminución se explica principalmente por una reducción de ₡9.388 millones en la partida de edificios.
Algunas partidas, como bienes duraderos, tuvieron una reducción de hasta ₡8.408 millones. Esta disminución responde a la finalización, reprogramación o menor requerimiento de inversiones de capital previstas para 2026, tras finalizar la construcción del Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO).
La subpartida de Alimentos y Bebidas disminuye ₡110 millones; la de Servicio de Agua y Alcantarillado, ₡488 millones, y la de Gestión y Apoyo, ₡832 millones.
Pese a ello, según Aguilar, el recorte no compromete la seguridad ni la atención de la población penitenciaria. Así lo defendió durante la comparecencia ante la Comisión de Hacendarios este miércoles.
La cartera que dirige Aguilar tendrá ₡5.654 millones menos para 2027 en comparación con el presupuesto del año en curso. El Ministerio de Justicia y sus dependencias tienen asignados ₡219.728 millones.
Para remuneraciones se asignarán ₡5.651 millones adicionales en 2027, con los cuales se financiarían 272 puestos de funcionarios: 164 oficiales nuevos para la Policía Penitenciaria, encargada de la custodia y seguridad de los reclusos; 79 puestos administrativos y ayudantes de cocina para el CACCO, además de plazas para la Procuraduría y el Registro Nacional.
Entre las modificaciones presupuestarias se contempla un crecimiento de ₡613 millones para la Procuraduría General y de ₡476 millones adicionales para el Registro Nacional. La Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab) y la Dirección Nacional de Notariado mantienen los mismos montos.