Poder Judicial necesitaría más dinero para juzgar a menores como crimen organizado
Proyecto de ley busca procesar a criminales juveniles en sede judicial que no existe
El proyecto de ley 24.006 pretende permitir que la participación de menores en bandas de sicariato o droga, pueda declararse como crimen organizado. Esto permitiría investigar y juzgar con mayor peso, a los menores de edad que participen en delitos violentos y en estructuras criminales.
Esta iniciativa busca extender los plazos para indagar los crímenes, ampliar el tiempo de las medidas cautelares y además, autorizar el uso de herramientas especiales de investigación sobre los jóvenes que pertenezcan a la delincuencia organizada, tal y como sucede con los adultos.
Sin embargo, el proyecto prácticamente crearía una nueva jurisdicción, afectando el funcionamiento del Poder Judicial, según lo manifiesta un informe rendido ante la Corte Plena, este lunes.
Esto, porque el proyecto obliga a procesar a los menores de edad en una sede judicial diferente, que no existe.
Estos casos deberán ser tramitados y juzgados por una autoridad jurisdiccional especializada en materia penal juvenil y el Poder Judicial deberá garantizar la capacitación del personal involucrado en investigar y juzgar estos casos.
Esto genera preocupación a los magistrados, por el alto costo económico y el recurso adicional que se necesitaría para cumplir con esta eventual ley.
Los magistrados determinaron de forma unánime que para aplicar esta ley, se necesitaría un presupuesto mayor.
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Más personal y mayor capacitación
Según concluye el informe, la aprobación del proyecto de ley implicaría la creación de nuevas plazas con personal especializado a nivel profesional y técnico: más jueces penales juveniles, fiscales, investigadores y defensores públicos, entre otros.
El proyecto de ley también implica capacitar a todos los funcionarios judiciales que estén involucrados en abordar casos de juveniles que pertenezcan al crimen organizado.
No solo los jueces, investigadores y fiscales, sino también los orientadores, psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, abogados y hasta personal de seguridad, deberían ser instruidos en cómo tratar a estos menores de edad.
2. Inversión en infraestructura
Según el informe redactado por la magistrada Sandra Zúñiga, crear una jurisdicción especial nueva, conlleva la necesidad de invertir en estructura física, como nuevas salas de audiencias para los juicios.
Además, se requeriría invertir en equipar los despachos para albergar el personal especializado, así como mobiliario, computadoras, cámaras, dispositivos y hasta licencias de software nuevas para las instalaciones.
En este punto, los magistrados fueron más críticos. Dado que, la experiencia de crear recientemente la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada, les hace conocer el alto costo económico de crear una nueva sede judicial, sin que el proyecto de ley especifique de dónde saldrán los recursos.
"Con esta propuesta, ¿cuánto representa adicional a lo que ya se le ha dado al Poder Judicial?", cuestionó la magistrada Iris Rocío Rojas.
"En términos de costo, yo estoy de acuerdo que afectaría organización y funcionamiento, en tanto no nos den los recursos que supone la implementación de esta ley", añadió la alta jueza.
La magistrada de la Sala Segunda, Roxana Chacón puntualizó la necesidad de estimar el costo económico.
"Este proyecto sí va a tener un costo económico porque efectivamente va a modificar el funcionamiento del Poder Judicial. No podemos hacer uso de las salas que tenemos en este instante para el crimen organizado. Hay que colocar salas que puedan atender la materia penal juvenil".
3. Base de datos violentaría privacidad de menores
El proyecto de ley también pretende obligar al Organismo de Investigación Judicial a crear y mantener una base de datos con las investigaciones penales juveniles, que involucren a menores de edad en crimen organizado.
Esto implicará gastos adicionales y previsiones legales sobre cómo hacerle frente al requerimiento humano y material para completar esta función, y que sea sostenible en el tiempo.
Adicionalmente, crear esta lista es incompatible con la privacidad y confidencialidad que deben las causas contra menores de edad, según lo establece la Ley de Justicia Penal Juvenil y las convenciones internacionales, señaló Miguel Fernández, magistrado suplente a cargo de rendir el informe.
Existen otras debilidades en el proyecto como discordancias importantes que el proyecto modifica plazos sin reformar las leyes actuales.
Además, no sería necesaria una declaratoria de "delincuencia organizada", sino únicamente una clasificación según los hechos.
El proyecto tampoco se refiere a la edad de los presuntos menores criminales, pese a que la Ley Penal Juvenil señala diferencias sobre medidas cautelares y la indagatoria, si el menor tiene menos de 15 años.
La determinación de la Corte Suprema de Justicia implica que el proyecto requiera 38 votos en la Asamblea Legislativa, para convertirse en ley.