Poder Judicial iniciará acciones legales contra recorte presupuestario ordenado por Chaves
La Corte Plena acordó este lunes autorizar al presidente del Poder Judicial, Orlando Aguirre, a emprender todas las acciones legales y administrativas contra el recorte de ₡23.722 millones ordenado por el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, contra la institución.
Estos fondos corresponden a recursos que fueron aprobados desde 2025 para ejecutarse este año y cuya reducción afectaría acciones operativas contra el crimen organizado, como allanamientos y la desarticulación de bandas delictivas. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) concentra la mayor reducción, con ₡9.536,3 millones.
Patricia Solano, presidenta de la Sala de Casación Penal, explicó, a manera de ejemplo, que la operación Némesis, que permitió la caída de Alejandro Arias Monge "Diablo" y otros narcotraficantes de alto perfil, tuvo un costo aproximado de ₡50 millones.
Agregó que, de contar con los recursos aprobados por el Congreso, podrían gestarse muchos otros operativos exitosos de esa envergadura. Por eso, cuestionó que el OIJ y la Fiscalía sufran recortes presupuestarios a pesar de mostrar resultados exitosos en sus investigaciones contra el crimen.
Señaló, además, que la responsabilidad de la seguridad ciudadana y el combate contra las bandas criminales son funciones que le competen originalmente al Gobierno y no al Poder Judicial, el cual asume esa labor por compromiso con el país.
"Hay una preocupación y esa es la pregunta que le hago a Laura Fernández: ¿Cuál es la preocupación que tiene con la seguridad ciudadana si le elimina los recursos al Ministerio Público, si le quita los recursos al OIJ para que no investiguen?
¿A quién combatimos, al Poder Judicial o a la criminalidad? ¿O es que golpeando al Poder Judicial, cuál es el resultado que tenemos?", dijo Solano.
El magistrado Gerardo Rubén Alfaro, de la misma Sala, señaló que el recorte presupuestario afectará simultáneamente a los cuerpos policiales, la judicatura y otros órganos del sistema judicial, con el riesgo de paralizar el sistema penal. Esto, pese a que el trabajo de la institución ha permitido reducir la cifra de homicidios y desarticular agrupaciones criminales.
"¿Qué va a pasar en este último cuatrimestre si no tenemos fondos para que nuestros policías, para que nuestros jueces, para que nuestros fiscales y para que nuestros defensores sigan en ese combate?", añadió.
Afectación a la mora judicial y trámites de familia
La directora ejecutiva del Poder Judicial explicó que, a esta altura del año, el daño podría ser difícil de revertir, dado que solo quedan dos caminos: que el presupuesto avance y la rebaja se materialice o que la Asamblea Legislativa no apruebe el recorte.
Aunque advirtió que, aun en este último escenario, sería muy difícil revertir el efecto, porque los recursos permanecerían congelados mientras se toma una decisión y el tiempo restante del año sería insuficiente para ejecutarlos.
El magistrado Jorge Leiva, de la Sala Primera, coincidió con ese criterio y afirmó que, si el dinero se libera hacia finales de año, en noviembre o diciembre, será imposible invertirlo a tiempo. La subejecución obligatoria de estos fondos, agregó, provocaría recortes y penalizaciones automáticas en los presupuestos de 2027 y 2028.
El impacto también afectaría la mora judicial y los avances que ha tenido la institución para resolver expedientes en todas las materias. Damaris Vargas, vicepresidenta de la Corte, señaló que el recorte presupuestario afectará directamente la atención de la mora judicial, un objetivo que requiere planificación a largo plazo.
Si se eliminan las plazas señaladas por Hacienda, la ausencia de un solo integrante del equipo —juez, fiscal, defensor o técnico— provocaría la cancelación automática de una audiencia y desestabilizaría toda la programación posterior. Además, la falta de liquidez obligaría a rescindir contratos vigentes con proveedores y empresas externas, lo que expondría al Estado al pago de indemnizaciones económicas por incumplimientos contractuales.
"Le puede salir más caro al país, no solamente en atender esas responsabilidades eventuales, sino también en el tema de la mora judicial. Ya este plan que tenemos de acelerar los procesos judiciales de programación de audiencias ya se vendría atrás y habría que hacer una replanificación que implicaría una duración aún mayor de los procesos", explicó Vargas.
Roxana Chacón, magistrada de la Sala Segunda, desmintió la premisa de que el recorte se aplica sobre plazas en desuso, pues aseguró que en realidad no hay vacantes sin utilizar, ya que los puestos disponibles se asignan de inmediato a jueces para reforzar el servicio judicial en el ámbito nacional.
Alrededor de 135 plazas aprobadas entre 2024 y 2025 para la Reforma Procesal de Familia aún no cuentan con nombramientos en propiedad, lo que las vuelve vulnerables a ser eliminadas, aunque la institución trabaja en las respectivas contrataciones.
Los magistrados de la Sala Constitucional se abstuvieron de participar en la discusión, dado que el tema podría terminar en un recurso ante ese tribunal.