Poder Judicial consultará a la Asamblea Legislativa por bloqueo de ₡30.000 millones en el presupuesto
El Poder Judicial presentará una consulta a la Asamblea Legislativa para cuestionar las restricciones que el Ministerio de Hacienda impuso a su presupuesto para 2027, al advertir que el bloqueo de ₡29.843,8 millones afectará los servicios de justicia y la lucha contra el crimen organizado.
La Corte Plena acordó el pasado lunes autorizar a la Presidencia del Poder Judicial a presentar la consulta sobre el proyecto de presupuesto nacional para 2027, que ya fue dictaminado por la Comisión de Asuntos Hacendarios el martes 20 de octubre.
Los magistrados que integran la Sala Constitucional se apartaron de la votación, pues esa cámara deberá resolver la gestión.
La decisión se tomó después de que fueran rechazadas las mociones para eliminar las restricciones presupuestarias. El Poder Judicial sostiene que las disposiciones contravienen la Constitución Política y condicionan el uso de recursos necesarios para mantener sus servicios.
Las normas exigen presentar estados financieros auditados del fideicomiso de infraestructura, certificaciones de la Contraloría General de la República y obtener la aprobación de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público y del Plenario Legislativo. Finalmente, se requeriría una orden al Ministerio de Hacienda para liberar los fondos.
La institución advierte que el procedimiento no establece un plazo para que el dinero esté disponible y que su liberación depende de trámites y decisiones de los poderes Legislativo y Ejecutivo.
Menos recursos y más atrasos
Entre las principales consecuencias, el Poder Judicial señala la paralización de la construcción de la Morgue Judicial de Buenos Aires y las limitaciones para llenar 2.463 plazas actualmente ocupadas por personal interino.
También advierte de posibles suspensiones de audiencias y trámites virtuales por falta de recursos para licencias informáticas y enlaces de internet. La existencia de 259 plazas vacantes de jueces, sumada a las dificultades para sustituir personal, podría agravar los atrasos judiciales.
En el caso del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), las restricciones por ₡8.684 millones afectarían los recursos para investigaciones, pericias, equipos e insumos necesarios para combatir el crimen organizado. También estarían en riesgo recursos para proteger a personas amenazadas y agilizar las pericias criminales.
Imagen ilustrativa.
La institución alerta, además, de que el traslado o la concentración de oficinas obligaría a habitantes de comunidades rurales y costeras a recorrer mayores distancias y asumir más gastos. En Puerto Jiménez, por ejemplo, trasladar casos a Golfito obligaría a algunas personas a utilizar lanchas privadas.
Los recortes también afectarían el mantenimiento de edificios y podrían comprometer el funcionamiento de ascensores y sistemas eléctricos, con el riesgo de cierres preventivos.
PLN acudió a la Sala Constitucional
La decisión de la Corte Plena se suma a una consulta facultativa de constitucionalidad presentada por diputados de Liberación Nacional (PLN) contra cuatro normas presupuestarias dirigidas exclusivamente al Poder Judicial.
La gestión se presentó el jueves 22 de octubre, después de que la Comisión de Asuntos Hacendarios dictaminara el presupuesto. Las disposiciones cuestionadas regulan el bloqueo de recursos, los traslados de dinero entre partidas, el pago de compensaciones salariales y la ocupación de plazas vacantes.
Esta última restricción impediría llenar puestos vacantes a partir de enero de 2027 y afectaría alrededor de 2.463 plazas, incluidas 810 del OIJ. Durante la discusión, los liberacionistas calificaron las normas como obstruccionistas e inconstitucionales.
El presupuesto continuará su trámite en el Plenario Legislativo a partir de noviembre. La consulta del PLN no detiene su discusión.
Por otra parte, la Corte Plena acordó remitir al Congreso dos informes jurídicos: uno sobre los efectos del presupuesto de 2027 en la organización y el funcionamiento del Poder Judicial, y otro sobre las consecuencias del presupuesto extraordinario de 2026.