PLP manda a Sala IV plan para atacar capitales del narco
Los diputados de la fracción del Partido Liberal Progresista (PLP) enviaron a una consulta de constitucionalidad a la Sala IV de la Corte Suprema de Justicia el proyecto de ley 22.834, el cual busca incorporar la figura de una medida cautelar para asegurar los bienes relacionados con un proceso por capitales emergentes, es decir, bienes y valores de los que se sospecha podrían tener su origen en actividades delictivas o ilícitas.
Este plan fue acogido por los jerarcas de los 3 supremos poderes de la República como parte de la lista de 10 iniciativas de ley para combatir la criminalidad y el narcotráfico. La propuesta pretende una reforma a la Ley Contra la Delincuencia Organizada (8754).
Sin embargo, el PLP asegura que tal y como se aprobó el proyecto de ley el pasado 27 de agosto se podría generar una violación al derecho de propiedad privada y la presunción de inocencia.
"Esta iniciativa, aprobada en primer debate, ha generado graves preocupaciones sobre su impacto en los derechos de los ciudadanos, específicamente en lo que respecta a la presunción de inocencia y el derecho a la propiedad privada. La reforma permitiría al Ministerio Público solicitar medidas cautelares anticipadas, como el secuestro de bienes, sin necesidad de una denuncia formal y sin la presentación de pruebas suficientes. Esta disposición socava el principio de presunción de inocencia, un pilar fundamental del Estado de derecho, al invertir la carga de la prueba en perjuicio del ciudadano, quien se vería obligado a demostrar el origen lícito de sus bienes sin que el acusador deba presentar evidencia contundente de su culpabilidad", señaló la agrupación liberal en un comunicado de prensa.
Los congresistas también advirtieron que el proyecto de ley impone plazos irrazonables para que los ciudadanos ejerzan su derecho de defensa.
"Con solo 3 días para responder a las medidas cautelares, se pone en riesgo la capacidad del acusado de presentar una defensa adecuada, lo que va en contra de los principios de proporcionalidad y razonabilidad que deben regir cualquier proceso judicial en un Estado democrático", añadieron.