PLN lamenta acuerdo entre la Corte y gremios para pensiones
Insisten en dictamen de mayoría aprobado por comisión
La Comisión Especial de Regímenes de Pensiones dictaminó un informe de mayoría el 27 de julio. (CRH)
Los diputados del Partido Liberación Nacional (PLN) Sandra Piszk, Maureen Fallas y Julio Rojas, que integran la Comisión Especial de Regímenes de Pensiones de la Asamblea Legislativa, lamentaron la posición de la Corte y los gremios de oponerse al proyecto de una mayoría parlamentaria para reformar las pensiones del Poder Judicial.
Según los legisladores, el dictamen afirmativo de mayoría, aprobado por esa comisión el 27 de julio anterior, es el único que se apega en todos sus aspectos a los criterios técnicos del estudio actuarial elaborado por el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica (UCR), que fue contratado, costeado y avalado por el mismo Poder Judicial.
Los liberacionistas recordaron que el presidente de la Corte, Carlos Chinchilla, sostuvo en junio anterior que se ajustarían a los parámetros establecidos por el informe de la UCR.
Sin embargo, la Corte y los gremios prefirieron apoyar la propuesta de minoría que presentó el legislador Jorge Arguedas, del Frente Amplio.
Indicaron que se sienten preocupados por la inclusión de normas en este último texto que podrían generar desigualdad al flexibilizar requisitos jubilatorios que favorecerían a funcionarios con altos salarios en detrimento de quienes ganan menos.
Esto, porque se establece un transitorio que otorgaría un plazo de 10 años a partir de la entrada en vigencia de la ley para que los servidores judiciales que cumplan con tan solo un requisito (edad o tiempo de servicio) tengan la posibilidad de recibir una jubilación del 100% sin tope.
Ese transitorio, según explicaron, solo beneficiaría al 22,2% de la planilla actual de trabajadores y dejaría en riesgo financiero a empleados más jóvenes porque el fondo no garantizaría su sostenibilidad en el tiempo.
Además, el costo financiero de ese transitorio se estima en ¢70 mil millones en el plazo de los 10 años.
El Plenario Legislativo comenzará la discusión de la reforma a las pensiones del Poder Judicial el 21 de agosto.