PLN exigirá cuentas a Ulate por proyecto de rastreo a ciudadanos
(CRHoy.com) El proyecto de ley del diputado Daniel Ulate Valenciano, que permitiría el rastreo de ciudadanos mediante su identificación facial y otros datos biométricos, genera preocupación y dudas hasta a lo interno de su propia fracción legislativa, Liberación Nacional (PLN).
Este miércoles el jefe de fracción de los verdiblancos, Luis Fernando Chacón, admitió que a lo interno de la bancada hay preocupaciones de los mismos compañeros de Ulate por su propuesta. Además admitió que también ha tenido acercamientos con legisladores de otras bancadas que le han manifestado su inquietud con el texto legislativo.
Chacón aseguró que en las próximas horas buscará a Ulate para conversar con él sobre los alcances de su proyecto de ley y las preocupaciones externadas no solo por los diputados, sino también por expertos en materia de ciberseguridad y protección de datos.
"Vamos a analizar este proyecto, queremos consultarlo y pedirle al mismo Daniel un resumen del proyecto con los pro y contra de las preocupaciones que han aparecido en la palestra pública. Sí ha habido preocupación, cómo no, me lo han manifestado compañeros de fracción y de otras fracciones, así que vamos a conversar con él lo más pronto", dijo Chacón.
¿Qué propone el proyecto de Ulate?
El proyecto de ley 21.321 del diputado liberacionista, Daniel Ulate ya fue dictaminado afirmativamente por la Comisión de Gobierno y Administración del Congreso el pasado 12 de noviembre.
Además de permitir el rastreo de ciudadanos mediante su identificación facial, también pretende facultar al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para que brinde a instituciones públicas y comercialice con empresas privadas datos personales sensibles, como lo son informaciones biométricas, es decir, huellas dactilares, información para reconocimiento facial, de la voz, la retina y de ADN.
Este permiso que se le quiere dar al TSE, se da en momentos en los que el país, como quedó demostrado con el polémico caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) no tiene una ley robusta para la protección de los datos personales, confidenciales y sensibles de los ciudadanos.
Ese plan autoriza al TSE a crear, como reserva de Estado, una plataforma nacional de identificación biométrica. Los diputados dieron su aval al texto alegando que permitirá al Ministerio de Seguridad Pública, al Organismo de Investigación Judicial y a la Fiscalía "ser más eficientes" en sus investigaciones policiales para el rastreo de personas involucradas en hechos delictivos, sin embargo para el abogado experto en protección de datos, Mauricio París la iniciativa es un arma de doble filo.
El experto explicó que esta tecnología e información que se quiere comercializar favorece cuestiones de videovigilancia, rastreo y seguimiento por medio de cámaras en carreteras que si podrían generar provechos a las investigaciones policiales , pero advirtió que existe el riesgo de usos criminales, pues abre el portillo para la fabricación de "dedos falsos" por medio de huellas dactilares con impresión 3D que se usan para suplantación de identidades.
París dijo que tal y como el proyecto está planteado y tomando en cuenta las carencias de la legislación actual para el resguardo y buen uso de estos datos, sería muy riesgoso aprobar el proyecto.
"Genera mucha preocupación, seríamos el único país del mundo donde el propio Estado está comercializando datos biométricos de toda la población incluyendo menores de edad y de los turistas. Es decir, se permite el seguimiento y básicamente estaríamos en un escenario donde desaparece completamente la posibilidad del anonimato en sitios públicos y privados", advirtió París.
París manifestó su preocupación es además porque, paradójicamente, los diputados no consultaron el texto a la Agencia de Protección de datos de los Habitantes (PRODHAB).
En ese mismo sentido de preocupación coincidió Adalid Medrano, abogado especialista en delitos informáticos y ciberseguridad.
"Es un proyecto de ley peligroso que viene a intentar regular una materia sensible, sin garantizarle al ciudadano un marco de protección robusto con respecto al tratamiento de sus datos biométricos, dándole la prioridad a la tecnología y a la seguridad ciudadana sobre el respeto al derecho de autodeterminación informativa", opinó el experto.
"Teniendo este proyecto de ley como fin el disminuir la privacidad del ciudadano, en beneficio de la seguridad ciudadana, no deja de ser curioso que la palabra privacidad no se mencione una sola vez, al mismo tiempo que no se fundamenta en la ley №8968, con respecto al funcionamiento que tendría la Plataforma Nacional de Identificación Biométrica, y más bien regula de forma abierta y laxa la comercialización de los servicios de identificación del ciudadano, que puede servir inclusive como motor de vigilancia masiva de los ciudadanos, a través de cámaras de reconocimiento facial", amplió.
Medrano dijo que el principal riesgo del proyecto de ley es que se utilice "de manera injusta, no razonable y desproporcionada la privacidad de los ciudadanos, con una regulación que no se basa en los principios básicos de los tratamientos de los datos personales y que regula de forma vaga una transferencia de datos personales irrestricta, e inclusive tratamientos con fines comerciales, que pueden permitir una vigilancia masiva de ciudadanos con fines privados y públicos, como por ejemplo en cámaras de vigilancia con reconocimiento facial".
En el Congreso la diputada independiente, Zoila Volio también manifestó su preocupación por la propuesta.
El fin de semana el Tribunal Supremo de Elecciones rechazó los cuestionamientos alrededor de la propuesta.