PLN acusa a PAC de proteger a pensionados de lujo
Sostiene que trata de beneficiar a 110 personas con pensiones de privilegio
La diputada Sandra Piszk manifestó que tratan de defender privilegios odiosos. (Daniela Abarca/CRH).
La bancada legislativa del Partido Liberación Nacional (PLN) acusó a la fracción parlamentaria del Partido Acción Ciudadana (PAC) de obstaculizar la reforma a las pensiones del Poder Judicial para favorecer a 110 personas con jubilaciones de lujo.
Negó, además, que traten de debilitar el proyecto, que se discute en el Plenario Legislativo por medio de una vía rápida, como lo afirmaron legisladores del PAC, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Movimiento Libertario y algunos del bloque cristiano.
Según la jefa de fracción del PLN, Karla Prendas, esos grupos políticos intentan favorecer a 110 personas que tienen pensiones entre los ¢4 millones y ¢11 millones mensuales.
Explicó que el PAC y sus aliados frenan la discusión de la iniciativa después de que el Plenario aprobó una moción para eliminar una exoneración que incluía el texto para que esas pensiones no pagaran la cuota obrera, que se elevaría del 11% al 13%.
"Para el PLN lo importante es el fortalecimiento del fondo y que exista equidad en el régimen más injusto de todos los regímenes de pensiones. Preocupa que con argumentos de tipo electoral y defendiendo privilegios odiosos, obstaculicen este proceso, que esperamos pueda concluir a la brevedad posible después de 3 años de discusión", dijo, por su parte, la diputada Sandra Piszk, miembro de la comisión dictaminadora.
La legisladora Marcela Guerrero, del PAC, denunció que el PLN logró que se aprobara la moción tras un acuerdo con el Frente Amplio que favorecerá a los gremios y a la cúpula del Poder Judicial, y que debilitará los controles en la administración del fondo de pensiones, incluidos en el texto en discusión.
También ha insistido en afirmar que mantener la contribución obligatoria del aporte obrero al mismo tiempo que una contribución especial solidaria, que va del 35% al 55%, significa una doble imposición y que esto haría inconstitucional a la reforma.