Plan para fortalecer Inspección Laboral enfrenta a diputados
Otto Guevara dice que normativa atentaría contra las empresas
Un proyecto de ley que le daría más "músculo" a la labor de los inspectores del Ministerio de Trabajo y endurecería las sanciones por infracciones a la legislación laboral levanta roncha en el Congreso.
El proyecto daría más herramientas a los inspectores de trabajo. (CRH)
Mientras el diputado Otto Guevara, del Movimiento Libertario, promete una dura pelea contra la iniciativa, Sandra Piszk, del Partido Liberación Nacional (PLN) pide apoyos para la reforma, convocada por el Poder Ejecutivo en las sesiones extraordinarias del Congreso.
El libertario se opone porque considera que darle más herramientas a la Inspección Laboral sería "perseguir al que produce", pero la liberacionista, quien impulsa el proyecto, niega que perjudique a las pequeñas y medianas empresas, y sostiene que es urgente eliminar los abusos laborales.
La propuesta busca dar mayores competencias a los inspectores laborales, establece un régimen de sanciones que clasifica las faltas en leves, graves y muy graves, y crea el Tribunal Administrativo de la Inspección de Trabajo.
Las faltas y sus respectivas sanciones se agruparían de la siguiente forma.
Las leves serían castigadas con multas comprendidas entre 1 y 7 salarios base mensuales y serían las siguientes:
- Falta de comprobantes de pago o datos de planillas incompletas.
- Las que afecten cuestiones meramente formales o documentales.
Las graves se sancionarían con multas que oscilarían entre 8 y 15 salarios base y serían estas:
- Contravenciones en materia de higiene, seguridad y salud en el trabajo.
- Incumplir la normativa migratoria en materia laboral.
Las muy graves serían castigadas con multas entre 16 y 23 salarios base y serían estas:
- Violaciones a los fueros laborales contenidos en el ordenamiento jurídico.
- No pagar salarios o prestaciones legales.
- Discriminación en las condiciones de trabajo.
- Incumplimiento del pago del salario mínimo.
Más poder
Sandra Piszk: "Atenta contra el empresario que no paga". (CRH)
Según la iniciativa, los inspectores laborales podrían visitar los centros de trabajo, sin previo aviso, e ingresar a todas las áreas en distintas horas del día y de la noche, si el trabajo se desarrolla en ese horario.
También podrían pedir información a los patronos y revisar libros de contabilidad, de salarios, planillas y medios de pago.
Si se les niega el ingreso, podrían pedir ayuda a la policía.
Además, tendrían la facultad de examinar las condiciones higiénicas de los centros de trabajo y de seguridad personal y podrían dictar órdenes de ejecución inmediata.
El proyecto crearía el Tribunal Administrativo de la Inspección del Trabajo como un órgano de desconcentración máxima del Ministerio de Trabajo y tendría competencia en todo el territorio nacional.
Este órgano agotaría la vía administrativa y sus resoluciones serían de acatamiento estricto y obligatorio.
Conocería y resolvería en alzada los recursos de revisión planteados contra las resoluciones finales dictadas por la Dirección Nacional de Inspección del Ministerio de Trabajo y contra los actos por medio de los cuales se impongan multas por violación a las normas laborales.
Polémica
Otto Guevara: "Proyecto da más herramientas a la administración para ir a atosigar". (CRH)
"Los inspectores de trabajo, a quienes se les están dando competencias adicionales a las que hoy tienen, tienen dentro de sus obligaciones acusar al patrono que no tenga a alguien registrado en la Caja Costarricense de Seguro Social", reclama Guevara.
En su criterio, aunque idealmente todos los trabajadores deben estar asegurados, existen actividades económicas en las cuales el costo de asegurar a un trabajador "hace que sea prácticamente imposible para la subsistencia de miles de microempresas".
El legislador insiste en que miles de personas trabajan por "mera subsistencia" y que en el momento que se les obligue a pagar todas las cargas sociales y a formalizarse muchas empresas cerrarían.
"Este proyecto va en la dirección de darle herramientas a la administración pública para ir a atosigar, a acabar, prácticamente a acabar con toda la informalidad, no obligándonos a formalizarse, sino básicamente obligándonos, a través del incremento de los costos, a cerrar sus empresas, empresitas, muchas de ellas pequeñitas que están apenas dando sus primeros pasos", alega.
Sin embargo, Piszk niega que la iniciativa tenga consecuencias "devastadoras" sobre las micro y pequeñas empresas, y aboga por la necesidad de formalizar la economía.
"No es cierto que aquí se atente contra las pequeñas empresas, aquí lo que se atenta es contra el empresario que no paga, contra el empresario que burla las leyes laborales", afirma.
Para la liberacionista, uno de los puntos más importantes de la iniciativa es que permitiría sancionar el incumplimiento del pago del salario mínimo.
"Hay un 30% de los trabajadores de este país que no lo perciben y eso significa un 6% de pobreza en Costa Rica", puntualiza.
"Aquí o formalizamos la economía o seguiremos siendo un país en donde la pobreza no solamente está relacionada con si el salario es bajo o no es bajo, sino justamente con el incumplimiento del salario mínimo, con el incumplimiento de las leyes laborales, con el incumplimiento de todo aquello que ha caracterizado la paz social y que ha caracterizado la democracia en este país", argumenta la diputada.
La liberacionista cree que las reformas son urgentes, pero los libertarios están dispuestos a frenar su avance.