Plan para combatir sicariato pasa a Plenario sin rumbo claro

Los diputados decidieron que el proyecto de ley que pretende atacar el sicariato en el país pase a su discusión en el Plenario Legislativo, aunque todavía hay una serie de aspectos que no están claros ni consensuados entre las autoridades y que deberán de dilucidarse en próximas semanas.

La propuesta de ley fue dictaminada la semana tras anterior por la Comisión de Seguridad y Narcotráfico del Congreso. En esa oportunidad los legisladores decidieron avalar un texto que fija penas entre 25 y 35 años de cárcel "a quien de muerte a una persona por encargo o acuerdo, con el propósito de obtener para si o para un tercero un beneficio material, económico o personal". La misma pena se impondrá a quien haya encargado o acordado la muerte de la persona.

No obstante, el proyecto mantiene divididos a los 3 supremos poderes de la República.  Los diputados, los jerarcas del Poder Judicial y el Gobierno de la República concuerdan que hay que tomar medidas para atacar estos delitos, sin embargo, discrepan en si es necesario crear un nuevo tipo penal y además en las sanciones a fijar para los integrantes de las bandas criminales que se dediquen al sicariato.

Estos aspectos deberán de retomarse para su discusión mediante las mociones de fondo que se presenten a la propuesta  en próximos días y que se discutirán en la Comisión de Seguridad.

Los puntos en desacuerdo

Hay 2 puntos que el Gobierno, los diputados y las autoridades judiciales no tienen claro todavía sobre este proyecto: la conveniencia de crear un nuevo tipo penal y las penas que se deberían fijar.

Por una parte, desde el Poder Ejecutivo se respalda la opinión expresada en días anteriores por el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), en el sentido de que se debe revisar si es necesario "segregar o desmembrar" el artículo 112 del Código Penal, que regula el homicidio calificado y que se le otorgue una singularidad al sicariato, ya que este está regulado.  Así lo manifestó días atrás el ministro de Justicia, Gerald Campos, en una audiencia con los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa.

Por otra parte, el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga apeló a revisar las penas contempladas dentro del proyecto. El jefe del OIJ sugirió elevar la pena a los 50 años.

Las autoridades también discrepan acerca de la manera en que se debe penalizar a los menores de edad que sean reclutados por las bandas criminales para que cometan asesinatos.

También, mostraron diferencias acerca de las penas para quienes recluten y contraten a personas para asesinar.

Al ver que no hay coincidencia en este tema ni en las penas, los diputados, el Gobierno y el Poder Judicial decidieron crear una mesa de trabajo para discutir el tema con más amplitud y otros sectores.

La propuesta tentativa

Los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa decidieron fijar penas de prisión entre 25 y 35 años por sicariato, pero estas podrían varias en próximas semanas.

El texto aprobado en la comisión adiciona un artículo 112 bis al Código Penal para crear el delito de homicidio por sicariato.

"Se impondrá prisión de 25 a 35  a quien de muerte a una persona por encargo o acuerdo, con el propósito de obtener para si o para un tercero un beneficio material, económico o personal. La misma pena se impondrá a quien haya encargado o acordado la muerte de la persona" dice el plan.

Añade que la pena privativa de libertad se podrá incrementar hasta en un tercio, si interviene una persona menor de edad.

Tras el dictamen del proyecto de ley, el expediente pasará a discusión en el plenario legislativo. El diputado Fabricio Alvarado, del Partido Nueva República – fracción proponente del proyecto- dijo que el proyecto podrá ser sujeto a cambios, los cuales se harán mediante la presentación de mociones de fondo.

Semanas atrás, autoridades del Ministerio de Seguridad Pública indicaron que hoy día en el país unas 1.000 personas se dedican al sicariato, mientras que unas 250 personas, son parte de una estructura de mando de estas bandas criminales.

Las autoridades presumen que los reclutadores de sicarios están ofreciendo a adolescentes, teléfonos celulares o ¢1 millón de colones, para que salgan de la escuela o el colegio y se conviertan en asesinos a sueldo, aprovechándose de la necesidad de sus familias.

Según se mencionó, la vida de estos menores de edad es muy corta, dado que los gatilleros buscados por las bandas delictivas son todos en ese rango de edad.