Plan para combatir sicariato irá a mesa de discusión de los Supremos Poderes
Autoridades discrepan sobre crear un nuevo tipo penal y las penas a introducir
El proyecto de ley que pretende atacar el sicariato en el país deberá de discutirse en una mesa de trabajo conformada por representantes de los 3 supremos poderes de la República.
Esta fue la decisión a la que llegaron los diputados, el Poder Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia ante las diferencias que hay alrededor del expediente legislativo presentado por la fracción de Nueva República junto con el oficialismo.
El proyecto, presentado en noviembre del año anterior, propone una pena de 20 a 35 años de cárcel para las personas que maten a otra por "precio, pago, recompensa, promesa remuneratoria u otra forma de beneficio económico, para sí o un tercero", así como para quien "reclute, prepare, adoctrine, forme, instruya, promueva o capacite a personas para el sicariato".
Los diputados, los jerarcas del Poder Judicial y el Gobierno de la República concuerdan que hay que tomar medidas para atacar estos delitos, sin embargo, discrepan en si es necesario crear un nuevo tipo penal y además en las sanciones a fijar para los integrantes de las bandas criminales que se dediquen al sicariato.
Por una parte, desde el Poder Ejecutivo se respalda la opinión expresada en días anteriores por el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), en el sentido de que se debe revisar si es necesario "segregar o desmembrar" el artículo 112 del Código Penal, que regula el homicidio calificado y que se le otorgue una singularidad al sicariato, ya que este está regulado. Así lo manifestó días atrás el ministro de Justicia, Gerald Campos, en una audiencia con los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa.
Entre tanto, el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, apeló a revisar las penas contempladas dentro del proyecto. El jefe del OIJ sugirió elevar la pena a los 50 años.
Las autoridades también discrepan acerca de la manera en que se debe penalizar a los menores de edad que sean reclutados por las bandas criminales para que cometan asesinatos.
También, mostraron diferencias acerca de las penas para quienes recluten y contraten a personas para asesinar.
Una problemática que atender
Semanas atrás autoridades del Ministerio de Seguridad Pública indicaron que hoy día en el país unas 1.000 personas se dedican al sicariato, mientras que unas 250 personas, son parte de una estructura de mando de estas bandas criminales.
Las autoridades presumen que los reclutadores de sicarios están ofreciendo a adolescentes, teléfonos celulares o ¢1 millón de colones, para que salgan de la escuela o el colegio y se conviertan en asesinos a sueldo, aprovechándose de la necesidad de sus familias.
Según se mencionó, la vida de estos menores de edad es muy corta, dado que los gatilleros buscados por las bandas delictivas son todos en ese rango de edad.
Por otra parte, el OIJ señaló a los diputados cómo las bandas criminales que utilizan a jóvenes para ordenar el homicidio de una persona, son "descartables" por estos grupos y muchos son asesinados cuando "ya saben mucho" de la organización.
También, el jefe del OIJ dijo que las bandas del crimen organizado logran reclutar a jóvenes para que realicen asesinatos, incluso sin la promesa de una remuneración económica.
Según el cuerpo policial del Poder Judicial, en Puntarenas, han encontrado que estos grupos criminales dan todos los días cocteles con calmantes, con pastillas de prescripción médica, mezclado con guaro Cacique, en horas de la mañana. Con ese coctel mantienen a estos jóvenes en un "estado especial" para que cometan así los homicidios, situación que está en investigación por parte de las autoridades.