Plan crea póliza para policías pagada por el Estado, pero no especifica origen del financiamiento
Un proyecto de ley que se discute en el Congreso crea una póliza para policías pagada por el Estado, pero no contempla cómo se financiará, así lo determinó un criterio del Departamento de Servicios Técnicos del Congreso.
La iniciativa reforma la Ley General de Policía para cubrir los gastos de representación legal y la responsabilidad civil de los policías que enfrenten procesos penales o civiles por actuaciones realizadas en el ejercicio de sus funciones.
Este expediente se presentó durante el gobierno de Rodrigo Chaves. El texto ya se dictaminó en la Comisión de Asuntos Jurídicos del actual Congreso.
La cobertura de la responsabilidad civil sería de hasta ₡23 millones (50 salarios base), mientras que el rubro para la representación legal ascendería a ₡11 millones (25 salarios base).
Otras advertencias sobre la póliza
Según el órgano técnico, la póliza debería limitarse a policías con funciones operativas de alto riesgo, como aquellos que utilizan la fuerza o intervienen directamente en situaciones violentas.
Servicios Técnicos recordó a los legisladores que tanto la Contraloría General de la República (CGR) como la Procuraduría General de la República (PGR) han advertido que el Estado no puede asumir la responsabilidad personal de los funcionarios ni financiar pólizas que los protejan frente a actos dolosos, culpa grave o violaciones a los derechos humanos.
De acuerdo con el ente contralor, únicamente la Hacienda Pública puede figurar como beneficiaria de seguros contratados por el Estado. De lo contrario, la póliza atendería intereses particulares de funcionarios públicos y no el interés público.
Asimismo, el informe señala que el proyecto no incorpora estudios sobre su impacto fiscal, pese a que podría beneficiar a más de 13.000 funcionarios policiales.
El criterio también recuerda que ya existe un mecanismo estatal de defensa legal mediante la Defensa Pública del Poder Judicial, por lo que cuestiona la necesidad de crear un esquema adicional financiado con recursos públicos sin justificar su diferencia.
Por último, el órgano técnico indicó que el proyecto deberá aprobarse por mayoría absoluta de los diputados presentes en el Plenario Legislativo, es decir, con la mitad más uno de los legisladores presentes al momento de la votación.
¿En qué consiste el proyecto?
La cobertura solo aplicaría a policías que actúen conforme a los protocolos institucionales y quedaría excluida en casos de dolo, culpa grave, violaciones a los derechos humanos o decisiones de carácter administrativo.
Con la reforma se busca evitar que los funcionarios policiales deban asumir a título personal el costo completo de defender
actuaciones realizadas en cumplimiento del mandato estatal.
La propuesta también establece que cada ministerio con cuerpos policiales a su cargo administraría la póliza.
Además, los funcionarios policiales podrán renunciar a la cobertura de la póliza y solicitar, si así lo desean, la representación legal de la Procuraduría General de la República.
Los legisladores aprobaron una moción para consultar el texto a diversas instituciones como a la Corte Suprema de Justicia, Recope, el Ministerio de Gobernación y Policía, la Contraloría General, el Ministerio Público, la Procuraduría, la DIS, el INS, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Seguridad.
Una vez se tramiten las consultas, el texto pasará al Plenario donde deberá someterse a dos días de presentación de mociones.
