Plan busca traslado de 3% de presupuesto anual a auditorías
También busca facultarlas a contratar servicios para sus estudios
Un nuevo proyecto de ley presentado en la Asamblea Legislativa pretende que todas las instituciones del sector público deban de contar con auditorías internas y fortalecer su gestión.
La propuesta de ley pretende una reforma puntual a 4 artículos de la Ley General de Control Interno (LGCI). Se trata de los artículos 20, 27, 30 y 39, los cuales ahondan sobre aspectos de la obligación de contar con auditorías de las entidades públicas, la asignación de recursos, la jornada laboral de sus funcionarios y las causales de responsabilidad administrativa.
La iniciativa de ley fue presentada por la diputada liberacionista y presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios, Paulina Ramírez.
Obligación de contar con auditorias
La ley actual señala que todos los entes y órganos sujetos a la LGCI tendrán una auditoría interna, salvo aquellos en los cuales la Contraloría General de la República (CGR) disponga, por vía reglamentaria o disposición singular, que su existencia no se justifica, en atención a criterios tales como presupuesto asignado, volumen de operaciones, nivel de riesgo institucional o tipo de actividad.
La iniciativa busca que reformar el artículo 20 de la ley de tal manera que quede claro que todos los entes públicos y órganos sujetos a la LGCI tendrán auditorías internas.
Presupuesto fijo y posibilidad de hacer contrataciones
La legislación vigente menciona que los jerarcas de las instituciones y órganos sujetos a la LGCI deberán asignar los recursos humanos, materiales, tecnológicos, de transporte y otros necesarios y suficientes para que la auditoría interna pueda cumplir su gestión. Sin embargo, no habla de un monto fijo.
El proyecto de ley busca cambiar este escenario. La iniciativa propone que el jerarca de los entes y órganos sujetos a esta ley deberán dotar de al menos un 3% de presupuesto anual y total, y asignar los recursos humanos, materiales, tecnológicos, de transporte y otros necesarios y suficientes para que la auditoría interna pueda cumplir su gestión.
Además, la reforma busca que las auditorías queden habilitadas para contratar todo tipo de insumo o requerimiento, incluso capacitaciones, empresas, bufetes o personas que brinden servicios profesionales especializados en áreas como
- Derecho
- Ciencias Económicas
- Contratación Pública
- Ingeniería Civil
- Arquitectura
- Topografía
También, las habilita a contratar servicios de cualquier otro profesión especializada dependiendo de la naturaleza del ente público. Además, las auditorías internas podrán contratar laboratorios especializados en la calidad de los materiales y acciones públicas en general, acorde con la naturaleza de cada institución, de ser necesario, como medidas de control de calidad independientes y formales para una adecuada fiscalización.
Por último, se busca que las auditorías internas ejecuten su presupuesto, conforme lo determinen sus necesidades para cumplir su plan de trabajo anual o plurianual.
Jornada laboral
En la ley actual se contempla que la jornada laboral del auditor y subauditor internos será de tiempo completo y que, en casos muy calificados, el jerarca podrá solicitar a la Contraloría una reducción de la jornada, la cual no podrá ser inferior a medio tiempo. También, se estipula que las municipalidades cuyo presupuesto ordinario sea igual o inferior a ¢200 millones podrán contratar, sin la autorización de la Contraloría General de la República, al auditor y al subauditor internos únicamente por medio tiempo.
Para reducir la jornada laboral de la plaza del auditor o del subauditor internos, la ley dice que jerarca ordenará un estudio técnico, que deberá presentarse a la CGR para que resuelva.
En este sentido, el plan propone que para reducir la jornada laboral de la plaza del auditor o del subauditor internos, la jerarquía máxima ordenará un estudio técnico, el cual deberá ser aprobado por mayoría calificada en caso de entes públicos que cuenten con órganos colegiados, y deberá presentarse a la CGR para que el ente contralor decida si se aprueba o no reducir la jornada.
Responsabilidad administrativa
El proyecto también menciona que el jerarca y los titulares subordinados incurrirán en responsabilidad administrativa cuando debiliten con sus acciones el sistema de control interno u omitan las actuaciones necesarias para establecerlo, mantenerlo, perfeccionarlo y evaluarlo.
El jerarca, los titulares subordinados y los demás funcionarios públicos también incurrirán en responsabilidad administrativa, cuando corresponda, por obstaculizar o retrasar el cumplimiento de las potestades del auditor, el subauditor y las demás personas funcionarias de la auditoría interna.
La diputada Ramírez dijo que en la actualidad no se cuenta con una estructura básica para las auditorías internas municipales que les permita desplegar su máximo potencial.
"La ausencia de estructura adecuada compromete la capacidad de esas auditorías internas para brindar seguridad y garantía. Los resultados de las auditorías internas requieren ser potenciados; no obstante, a veces existen condiciones materiales que imposibilitan su cumplimiento, a pesar de los esfuerzos y la persistencia de las auditorías para asegurar su observancia", mencionó.
La propuesta completa puede verla en este enlace 24423