Plan busca poner freno a “puertas giratorias” en Gobierno
Propuesta también busca regular actividad de lobby en la función púbica
Un proyecto de ley busca poner freno y cerrar los portillos de las conocidas "puertas giratorias" dentro de la función pública y el sector privado.
Este término se ha acogido en los últimos años en la actividad política nacional para referirse a cuando un exjerarca o alto funcionario es colocado en otra institución pública, por lo general tras haber tenido que dejar su anterior cargo en medio de cuestionamientos.
De igual manera, se relaciona al término cuando una persona que ejerce una actividad privada es nombrada de inmediato en un alto cargo de decisión pública de carácter técnico, aunque este puesto tenga relación directa con las labores anteriores que hubiese realizado. De la misma forma una persona que ejerció un importante puesto público, también de carácter técnico, puede dejar el cargo y asumir un trabajo en el sector privado de manera inmediata, pese a que ambas labores estén íntimamente conectadas.
El expediente de ley 24.111 pretende establecer el requisito de informar de las actividades privadas realizadas en un periodo de 5 años antes de asumir un alto cargo público de carácter técnico, esto con el fin de establecer si están estrechamente relacionadas con la labor que realizará en el sector público.
Paralelo a eso, propone que uno persona con actividades relacionadas al puesto que pretende ejercer debe tener un periodo de "enfriamiento" de 3 años antes de poder ser nombrado en cargos de decisión en instituciones como la Autoridad Regulador de los Servicios Públicos (Aresep), la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), el Banco Central y el Consejo Nacional de Supervisión de Sistema Financiero (CONASSIF).
Propone también que, una vez una persona deje un alto cargo público en esas instituciones, tenga prohibido durante 3 años posteriores a la finalización de las labores, trabajar o brindar servicios (incluido el lobby) a entidades que estuvieran dentro de su ámbito de competencias o fueran destinatarias de sus decisiones, y el deber de informar de sus actividades privadas durante ese periodo a la Procuraduría de la Ética Pública.
En cuanto al ejercicio del lobby se crearía el Registro Público de Lobbistas y un Registro de Agenda Pública, con el fin de transparentar el ejercicio de esta actividad y sus relaciones con las personas funcionarias públicas. En este registro y agenda se conocerán a las personas que ejercer labores de lobby y a favor de quién, entre otros datos, e incluye a aquellos lobbistas que antes o después ejerciera cargos de elección popular.
"Estas distintas direcciones de las puertas giratorias moldean los incentivos para distorsionar la gestión pública con el fin de favorecer indebidamente intereses privados. El objetivo final es cerrar portillos de posibles hechos de corrupción y transparentar el ejercicio del lobby, para evitar que el interés privado esté por encima del interés público superior", dijo Sofía Guillén Pérez, jefa del Frente Amplio, bancada proponente de la iniciativa.
