Piden a directivos de CCSS revisar nombramiento de Gerente Financiero

La diputada Shirley Díaz, del PUSC, dijo que el gerente financiero de la CCSS, Gustavo Picado, no debe estar en su cargo. (Archivo/CRH).

La diputada Shirley Díaz, del PUSC, dijo que el gerente financiero de la CCSS, Gustavo Picado, no debe estar en su cargo. (Archivo/CRH).

(CRHoy.com) -La diputada Shirley Díaz, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), pidió a la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) revisar el nombramiento de Gustavo Picado Chacón como Gerente Financiero de la institución.

Así lo manifestó la legisladora después de que Daniel Muñoz Corea, funcionario de la CCSS, reiteró presuntas anomalías en la designación de Picado Chacón ante la Comisión Especial del Congreso que investiga problemas en la Caja.

"El Gerente Financiero de la CCSS sigue en su puesto como si nada, a pesar de estar investigado por parte del Ministerio Público", dijo la socialcristiana.

Díaz sostuvo que no es aceptable que Picado Chacón siga nombrado en el puesto, a pesar de los cuestionamientos que se le hacen.

"Es algo que la Junta Directiva de la Caja debe revisar. Me parece un abuso muy grande, es más, nunca debió haber sido nombrado en ese cargo. No debería estar ahí", manifestó.

Muñoz Corea señaló un conjunto de presuntas irregularidades en la selección de Picado Chacón, quien es investigado por supuestos delitos.

"En ese proceso añadieron el currículum del actual Gerente Financiero, a pesar de no estar contemplado desde el inicio y se eliminó un requisito que no cumplía el señor Picado, pero que también estuvo desde el inicio de la elaboración del cartel", recordó la diputada.

El Ministerio Público acusó ante el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública acusó a Picado Chacón y otros funcionarios de la CCSS por los presuntos delitos de influencia contra la Hacienda Pública, administración fraudulenta y fraude de ley.

Los presuntos delitos provocaron un daño social a los seguros de salud y del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) que asciende a ¢217 mil millones, según un peritaje hecho por la Procuraduría General de la República (PGR).