PGR recomienda a Sala IV declarar inconstitucional presupuesto de Educación

(CRHoy.com) La Procuraduría General de la República (PGR) le recomendó a los magistrados de la Sala Constitucional que declaren con lugar la acción de inconstitucionalidad interpuesta por la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) en contra del presupuesto ordinario 2023.

En presupuesto para este 2023, el Gobierno le asignó a Educación un 5,8% del PIB, cuando en la Constitución Política se estipula que este rubro debe tener un 8% del PIB, razón por la cual el sindicato acudió a la Sala el pasado 7 de febrero.

La PGR emitió su recomendación como asesor imparcial de la Sala Constitucional tras revisar los detalles de la acción que se presentó bajo el expediente 23-002835-0007-CO.

Ricardo Vargas, procurador general adjunto interino de la República, en su informe escrito señaló que la Sala Constitucional ha entendido lo que implica la omisión de presupuestar y girar la integridad de los recursos destinados a fines específicos.

"De conformidad con las razones expuestas, es criterio de la Procuraduría que la presente acción es admisible. En cuanto al fondo, estimamos que hubo una omisión en el Título 210-Ministerio de Educación Pública del artículo 2º de la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2023 (Ley N° 10331 del 29 de noviembre del 2022), en cuanto a cubrir el monto mínimo del 8% del PIB en gasto público para la educación estatal, previsto en el artículo 78 de la Constitución Política", concluye Vargas.

Además, citó el monitoreo DFOE-CAP-MTR-00001-2023, de la Contraloría General de la República (CRG), en el que se evidenció que el presupuesto para la educación pública durante este 2023 es el más bajo en los últimos nueve años.

En el informe de Vargas a los magistrados se lee lo siguiente:

"El presupuesto del sector educativo para 2023 es de ¢2.781.003 millones, lo que equivale al 6,0% respecto al Producto Interno Bruto. Ese monto muestra un decrecimiento de 1,2% respecto al presupuesto inicial 2022, mientras que, de acuerdo con datos del INEC, la población entre 5 y 19 años de edad muestra un crecimiento proyectado de 0,2% para 2023. El 70,3% del presupuesto del sector educación para 2023 se destina al Ministerio de Educación Pública, el 24,3% a las Universidades, el 4,7% al Instituto Nacional de Aprendizaje y el 0,7% restante al Consejo Nacional de Rectores (CONARE) y a los Colegios Universitarios de Cartago (CUC) y Limón (CUNLIMON)", señaló Vargas.

Aseveró que la medida tomada en el presupuesto ordinario violenta el principio de progresividad de los derechos humanos, y estos deben protegerse y procurar su avance, o al menos que se mantengan en el estado en el que se encuentran.

En este caso, teniendo en cuenta el informe de monitoreo rendido por la Contraloría General, en cuanto a que el año 2023 muestra el presupuesto en educación más bajo en los últimos nueve años, ese dato resulta contrario a la progresividad que persigue dicho principio. Además, tomando en cuenta la importancia que reviste el tema de la educación como un derecho de carácter prestacional a cargo del Estado, según vimos supra, la infracción reviste relevancia en orden a la falta de recursos que puede enfrentar la Administración al momento de hacer efectivo ese derecho a favor de los niños y jóvenes estudiantes.

De acuerdo con la Contraloría General de la República (CGR), la partida que más se vio afectada es la que corresponde a la de transferencias, con una disminución de 2,2%, el ente contralor manifestó que la medida podría afectar al servicio de transporte estudiantil y el programa de becas.

Para septiembre del año anterior, en la elaboración del presupuesto 2023, el Gobierno recortó casi en ₡40.000 millones el monto destinado para el MEP, por lo que para este año el Ministerio de Hacienda autorizó para gastar ₡2.52 billones.