PGR pide indemnización de ₡50 millones por memes, chistes y desprestigio por desfalco al BN
La Procuraduría General de la República solicitó el pago de una indemnización de ₡50 millones por daño moral durante el juicio del caso Gallo Tapado, en el cual se acusó al extesorero Ricardo Olivas Valle de cometer un millonario desfalco en el Banco Nacional.
Esta acción civil resarcitoria tiene como objetivo reparar el daño social y moral provocado por los actos ilícitos, los cuales mermaron significativamente la confianza del público en la institución. Sumado a esta petición económica, la representación del Estado respaldó la solicitud de una pena de 36 años de cárcel para el principal implicado.
El procurador Federico Quesada explicó que el reclamo civil se fundamenta en la profunda afectación a la credibilidad de la entidad bancaria y al prestigio de la función pública. Según la argumentación de la Procuraduría, el desprestigio desencadenó una oleada de memes, chistes en shows cómicos de stand-ups y todo tipo de afectación a la imagen del Banco.
Para demostrar este perjuicio no es indispensable presentar un peritaje psicológico o técnico exhaustivo, dado que la jurisprudencia actual permite acreditar el daño moral a través de testimonios que evidencien el impacto negativo en el sentimiento colectivo.
El deterioro de la imagen institucional se materializó en el escarnio público y la percepción ciudadana de que existe una corrupción generalizada dentro de la entidad. Como ejemplo de este fenómeno, se mencionó que durante festividades populares las personas optaron por utilizar disfraces de ladrones haciendo alusión directa a los funcionarios del Banco Nacional, lo que refleja la severa pérdida de respeto y credibilidad hacia el sistema estatal.
La fijación del monto de ₡50 millones se realizó mediante una estimación prudencial, fundamentada en los principios jurídicos de razonabilidad y proporcionalidad.
Para justificar esta cifra, la Procuraduría tomó en consideración la comprobación de que se cometieron 33 delitos independientes.
La alta responsabilidad del acusado, quien ejercía el cargo de tesorero y era el principal responsable de fiscalizar los fondos y alertar sobre cualquier anomalía financiera.
Además, se ponderó la manipulación sistemática de los sistemas informáticos y de control interno para ocultar el faltante de dinero.
Para fortalecer la posición del Estado, el procurador Quesada detalló las graves discrepancias detectadas en el patrimonio del exfuncionario.
Durante las investigaciones se determinó que el acusado mantenía un ritmo de gasto de aproximadamente ₡500.000 diarios en lotería.
Al proyectar este nivel de egresos a lo largo de un periodo de 22 años, la cifra asciende a un total de ₡336 millones. Este monto evidencia un desbalance financiero injustificable, ya que contrasta drásticamente con los ₡180 millones que el imputado alegó haber obtenido de manera lícita, dejando un margen de ingresos inexplicables que sustenta la gravedad de los delitos cometidos contra la hacienda pública.
El juicio se encuentra en etapa de conclusiones y ya solo queda el turno de que finalice el abogado defensor Eduardo Jiménez.