Petición para bloquear Uber y DiDi se paraliza entre señalamientos
Junta directiva de ente acordó en febrero urgir a Sutel bloqueo de plataformas
Imagen ilustrativa (CRH)
(CRHoy.com). El Consejo de Transporte Público (CTP) congeló la intención de solicitar el bloqueo de plataformas tecnológicas, como Uber o DiDi.
Con bombos y platillos, la institución anunció el pasado 19 de marzo un acuerdo de junta directiva para emplazar a la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep) a pedir a la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) el cierre de las aplicaciones que enlazan pasajeros con choferes privados.
La decisión se tomó de manera unánime en la sesión del 23 de febrero tras una propuesta hecha por Leda Mora Morales, representante de los taxistas formales (rojos) en la cúpula del consejo.
Ese día estuvieron presentes Eduardo Brenes, presidente de la junta directiva y viceministro de Transportes; Rafael Chan Jaén, representante del MOPT; Asdrúbal Fallas, representante del sector autobusero; Jessie Vega, representante de los usuarios; Manuel Vega, director ejecutivo del CTP; Sidia Cerdas, directora de asuntos jurídicos; Ricardo Jiménez Godínez, auditor interno y Rafael Herrera García, secretario de actas.
En la sesión de ese día no estuvieron 2 integrantes de la junta directiva: Andrea Meza, ministra de Ambiente y Energía, y Helen Simmons Wilson, quien es representante de los gobiernos locales.
La Aresep, a través de su oficina de prensa, confirmó que a este 19 de abril no había recibido ninguna comunicación formal por parte del CTP con la solicitud para gestionar ante Sutel el bloqueo de las aplicaciones.
"Nunca llegó la nota", confirmó el ente regulador.
Sobre el tema, el consejo indicó a este medio que "una vez que se tomaron los acuerdos de la junta directiva, la Dirección Ejecutiva empezó a revisar los parámetros técnicos y la documentación respectiva".
Pese a esta postura, CRHoy.com conoce que la institución optó por paralizar la gestión tras la solicitud del ministro Rodolfo Méndez Mata, titular de Obras Públicas y Transportes, en obtener los sustentos técnicos y legales de la petición para urgir el bloqueo de las plataformas.
Además, Carlos Alvarado, presidente de la República, dijo el 24 de marzo que no compartía el proceder de la junta directiva del consejo. La consideración del mandatario también influyó para que el CTP le bajara el impulso a la propuesta.
Otras voces, como Rubén Vargas, secretario general de la Unión de Taxistas Costarricenses (UTC), consideraron que la cúpula del consejo actuó adecuadamente al amparo de "la protección del transporte público".
Uber funciona en el país desde el 21 de agosto del año 2015, cuenta con casi 29 mil conductores registrados y un promedio de 1 millón de clientes en todo el país. Mientras, DiDi comenzó a funcionar en noviembre de 2019.
Según el CTP, tras la proliferación de las plataformas, la cantidad de personas que ofrecen servicios de transporte informal de pasajeros en distintas modalidades asciende a las 50 mil.
Para el consejo, el mayor perjuicio de esta situación recae sobre los taxistas formales. En la actualidad existen 11.400 concesionarios, quienes desde que llegaron las plataformas vieron afectados sus ingresos.
Tras el paso de los años, la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo han sido incapaces de construir una regulación para las nuevas tecnologías.
Los taxistas se concentraron el miércoles 24 de marzo de 2021 en Plaza González Víquez para protestar contra las plataformas. Cortesía Henry Garita/ CR Denuncia
Acuerdo truncado
La junta directiva del CTP también acordó solicitar a la Procuraduría de la República (PGR) – representante legal del Estado- la presentación de una demanda en el Tribunal Contencioso Administrativo (TCA) contra las empresas tecnológicas que ofrecen servicios no autorizados de transporte.
Leda Mora Morales, representante de los taxistas y quien propuso el acuerdo, dijo a CRHoy.com el 22 de marzo pasado que centró sus argumentos en que en Costa Rica sólo pueden brindar el servicio público de transporte remunerado de personas en la modalidad de taxi, las personas físicas o jurídicas que se encuentren autorizados mediante una concesión administrativa o permiso debidamente emitido por el CTP.
Mora apuntó a que la pandemia por el coronavirus COVID-19 agravó los impactos económicos sufridos por los taxistas y por eso consideró que es el momento oportuno de pasar de "los comunicados a la acción".
"Ellos (las plataformas) dicen que solamente son un medio de contacto y de comunicación entre el usuario y el conductor. Eso no es cierto. Determinan las condiciones. Para ellos es una actividad económica: les cobran una comisión a los conductores por esa intermediación (en transporte de personas), fijan las tarifas, ponen las condiciones a los conductores y al usuario. Quieren dar a entender que son un medio, pero son parte del sistema. Al ser una actividad regulada y al no contar con permiso de los entes que regulan la actividad, deviene en algo ilegal", expresó Mora, en esa oportunidad.
Pese a las intenciones, hubo voces de expertos que señalaron que ni la Aresep ni la Sutel tienen potestad para "bloquear" las aplicaciones y no encuentran sentido en la gestión.
En tanto, Uber y DiDi urgieron al Poder Ejecutivo y a los diputados acelerar la construcción de una legislación que regule las plataformas.