PBS niega negocios con el Banco Popular a través de Racsa, como sugiere denuncia ante Fiscalía

Banco Popular. (Foto: CRH/ Con fines ilustrativos)

La venta de licencias por parte de la compañía PBS al Banco Popular (BPDC) se realizó por medio de una venta directa y no con Radiográfica Costarricense S.A. como intermediario.

Así lo aseguró su CEO, Pedro París, quien aseguró que la información suministrada a la Fiscalía General debe ser revisada, ya que el contrato que existe se hizo sin intermediarios por medio de un convenio marco no exclusivo, donde están los productos de Oracle.

La información fue incorporada en el expediente 23-000093-0033-PE, donde se solicita investigar la adquisición de productos de Oracle por parte de la entidad bancaria mediante la licitación pública, No.2018LN-000006-DCADM denominada "Adquisición de Productos y Servicios ORACLE",

París señaló sobre este particular que para colocar esas licencias no tuvieron que entrar a un concurso público con Racsa, pues ya existía el enlace con el banco. El Popular estaba abierto a escoger entre varias opciones como parte de ese convenio y finalmente se decantó por la opción de PBS.

"PBS sí ha realizado negocios directamente con el Banco Popular, relacionados con productos de Oracle; donde es este último el que en sus políticas y acuerdos con sus canales es el que regula, controla y autoriza las excepciones para habilitar servicios, licenciamientos, etc. Así como también asegurar la vigencia de acuerdos y el cumplimiento o el incumplimiento de sus políticas de Licenciamiento", indicó el encargado de la empresa.

Añadió que en los últimos cinco años, PBS ha hecho algunos negocios con Racsa que no superan los $30 mil, sin embargo, ninguno de ellos tiene relación con las licencias que se dieron al banco.

Incluso reconoció que recientemente, en una apertura para nuevo concurso, el Popular invitó a varias compañías para un concurso de antecedentes con fecha de entrega de documentación era el 12 de agosto, con el objetivo de contar con oferentes para comprar licencias que tenía vencidas, finalmente participaron cinco consorcios y PBS no estuvo presente.

La empresa señaló que la inestabilidad de la plataforma del Sistema de Compras Públicas (Sicop) fue determinante para no poder entrar en la carrera, pues la oferta fue subida al sistema operado por Racsa, pero no fue procesada a tiempo para que llegara la propuesta al Popular, por lo que fueron descalificados.

40 contratos bajo la lupa

Racsa reconoció haber sido notificado del informe. (Foto: Archivo)

El pasado 11 de julio el ente acusador acogió nueva documentación y fue incorporada al expediente donde se tramita una causa inicial que se presentó en diciembre del 2023.

El caso expone presuntas anomalías para adjudicar contratos que sumados llegan a $30 millones. La documentación con la prueba aportada solicita indagar la posibilidad de que se cometieran incumplimientos de deberes, influencia contra la hacienda pública, sobreprecio irregular, fraude de ley en función administrativa, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito; posible lesión a los deberes de probidad, transparencia e independencia; posible lesión y debilitamiento al Sistema de Control Interno; posible corrupción.

El diputado del Partido Liberación Nacional (PLN) Francisco Nicolás, con el respaldo de otros 17 legisladores, presentó la primera documentación hace 9 meses ante el Ministerio Público, a la Contraloría General de la República y a la Procuraduría de la Ética Pública.

El diputado explicó qué los hechos encontrados señalan cuatro escenarios donde se cree que hay dudas y posibles irregularidades.

El primero sería contrataciones directas, un 40 en total, donde al parecer Racsa propone dar el servicio, pero luego termina subcontratarlo a empresas "a dedo". El segundo hecho señala cerca de 30 contrataciones con una empresa de tecnología, a la que se le adjudicó directamente servicios de mantenimiento y de software. Una tercera línea de investigación tiene que ver con supuesto pago con sobreprecio por el servicio de tobilleras electrónicas para sentenciados. El último punto de investigación es la contratación de Racsa a una empresa por el tema de las 5G.

Según datos públicos del Sistema Integrado de Compras (Sicop), esta empresa estatal intervino el año pasado en las adjudicaciones que suman un monto cercano a los $30 millones en contratos directos, los cuales ahora deberán ser sometidos a estudio. Ese monto se deriva de compras en las que Racsa figura como comprador o adjudicatario.