Para retomar construcción de vía a San Carlos no puede existir ni 1 expropiación pendiente
Además, recursos están sujetos a que obras en Taras-La Lima y "obis" en vía a San Ramón avance al 50%
(CRHoy.com). Para girar la orden de inicio de las obras para finalizar la nueva ruta a San Carlos, entre Florencia y San Miguel de Naranjo, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) debe tener todas las expropiaciones listas. Es decir, cada uno de los terrenos requeridos deberá estar en manos del Estado.
Esa es una de las condiciones fijadas en el plan de financiamiento otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para concluir la ruta en los 2 tramos pendientes: el central (Ciudad Quesada-Sifón de San Ramón) y la punta sur (Sifón-San Miguel de Naranjo-Autopista Bernardo Soto).
No es la única condición para que el proyecto, cuya conclusión fue prometida por Rodrigo Chaves, presidente de la República, pueda caminar. Por condiciones del organismo multilateral, también se requiere que los intercambios Taras-La Lima y el lote 4 de obras impostergables (obis) en el proyecto de la vía a San Ramón, financiados bajo el mismo programa del BID, alcancen un 50% de avance en medio de los grandes atrasos que enfrentan esas 2 iniciativas.
Así lo detalló Ileana Aguilar Aguilar, gerente de la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) de la nueva ruta hacia San Carlos en el MOPT, quien recordó que además se deben concluir todos los estudios técnicos, financieros y de factibilidad que garanticen que la finalización de la obra será rentable para el Estado costarricense.
De igual forma, la ruta debe estar incluida en el banco de proyectos del Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan).
Para finalizar la ruta hacia San Carlos, el BID ofreció un crédito de $225 millones y las arcas estatales deberán aportar $100 millones adicionales. En este panorama, unos $12 millones se destinarían para tramitar las expropiaciones requeridas y otros $6 millones para los estudios y análisis urgidos.
"En la punta sur, son 179 expedientes que tenemos en este momento. Ya, prácticamente, tenemos 104 expedientes en comunicación de avalúos. Además, tenemos 12 expedientes en traslado de fondos y resolución final, 8 expedientes en acuerdo de expropiación y 7 expedientes en el juzgado o esperando fecha para entrada de posesión. Otros 22 en espera de preparación de avalúos, 9 solicitando el decreto de interés público, 15 solicitando firma para ir a imprenta y 2 que están en espera de avalúo", detalló Aguilar.
La gerente de la UEP explicó que la intención es arrancar las labores en febrero de 2024. El tramo central, cuya construcción inició en 2005 y se frenó en 2018, registra un avance cercano al 75% con grandes pendientes por resolver (hundimiento en kilómetro 21 y pugna por humedal La Culebra), mientras la punta sur debe iniciar desde cero. Se estima un trazado de 8 kilómetros para conectar la ruta con la autopista Bernardo Soto (San Ramón-Alajuela), pero a hoy no existe nada construido.
Además de estar supeditados a los avances en Taras-La Lima y las "obis", Aguilar reiteró que las expropiaciones no dependen exclusivamente de los esfuerzos del Poder Ejecutivo y recalcó a lo interno el ministerio está rebasado por los trámites de gestiones relacionadas con la ampliación de la ruta 32, en el tramo Río Frío-Limón.
"La ley establece plazos para el departamento jurídico, para la Dirección de Adquisición de Bienes Inmuebles (DABI) y para Notaría del Estado, pero no establece plazos para el Poder Judicial. Cuando los expedientes salen de la órbita del Poder Ejecutivo al Poder Judicial, nosotros no tenemos ningún control y no podemos exigirles a los jueces que se avance. Sabemos que están colmados de casos y trabajo. A partir de ese momento no hay control de los plazos, no hay sanción ni multas", comentó Aguilar, el pasado 11 de agosto ante la comisión legislativa de Alajuela.
Conexión entre la punta norte y el tramo central del proyecto, en operación desde 2018. Cortesía Asociación Procarretera a San Carlos
Una de las alternativas para agilizar las expropiaciones es la firma de entradas en posesión voluntaria en acuerdo con los propietarios de los terrenos. No obstante, la funcionaria alegó que existen abogados malintencionados que, en algunos casos, provocan que los propietarios desistan de los acuerdos firmados y echan para atrás los procesos.
Aunado a los múltiples pendientes, la UEP del MOPT debe promover el procedo de licitación de la empresa constructora que se hará cargo de finalizar el tramo central y construir la punta sur.
Todo el corredor vial involucra 11 intercambios, 8 puentes mayores, áreas de pesaje, zonas de peaje y de actividad comercial.
El estudio de factibilidad elaborado por la firma española IDOM plantea 3 alternativas para gestionar la vía: construirla bajo la figura de obra pública tradicional, por concesión o por optimización de activos (se construye como obra pública tradicional y se concesiona la operación).
Cuando comenzó, hace 17 años, la construcción del tramo central estaba a cargo de la empresa taiwanesa RSEA. Pero, en 2007, por el rompimiento de relaciones diplomáticas con Taiwán durante el gobierno de Óscar Arias (2006-2010), la compañía asiática abandonó el país. Un año después, en 2008, la obra pasó a manos de la compañía costarricense Sánchez Carvajal mediante una cesión de derechos.
La empresa local estuvo a cargo durante 10 años, hasta que la Administración Alvarado Quesada (2018-2022) optó por romper el contrato y enderezar el rumbo de la obra.
Desde agosto de 2018, la construcción está paralizada, con un 75% del trazado ya asfaltado.
Hasta 2018, el proyecto había consumido $291 millones de recursos estatales. Una cifra notablemente superior a los $61 millones estimados en 2005 cuando la obra comenzó a cargo de RSEA.