PANI considera tercerizar servicio de atención para Fundación Manos Abiertas
Contratación temporal es de ₡250 millones mensuales por 2 meses
El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) considera la posibilidad de tercerizar el servicio de atención para la Fundación Manos Abiertas en Desamparados de Alajuela y La Unión de Cartago.
La información fue confirmada por la Oficina de Comunicación de la institución estatal, quien brindó un estado de actualización con respecto a la intervención que se realizó a los centros de cuido tras las diligencias judiciales.
El PANI desarrolló una contratación extraordinaria en las instalaciones de la Fundación Manos Abiertas, la cual se efectuó por un monto de ₡250 millones mensuales.
La contratación se realizó a la empresa CONCISA por un lapso inicial de 2 meses, prorrogables por 1 mes, según detallaron desde la institución especializada en la niñez.
Enfatizaron que esto se mantendrá según sea el tiempo de la medida cautelar atípica, así como también el contenido presupuestario del Patronato Nacional de la Infancia (PANI).
Investigación
Las autoridades investigan a la fundación que calificaron como "falsas monjas" en donde 5 personas fueron detenidas al momento en que se produjeron los allanamientos.
Entre los elementos decomisados por las autoridades se encontraron 133 señales de tránsito, ₡171 millones y $7.981, computadoras, celulares y otros documentos físicos de interés para el caso.
A los 5 imputados, las autoridades judiciales les atribuyen cargos por los presuntos delitos de trata de personas en sus modalidades de explotación laboral y servidumbre laboral, tortura, malversación, peculado y legitimación de capitales.
Una de las tesis de la investigación se asocia con un aparente delito de corrupción en el cual señalaron las autoridades judiciales por supuestamente sustraer y desviar dinero público, en efectivo, con el fin de realizar viajes personales y comprar terrenos.
2 de las mujeres se encuentran 6 meses en prisión preventiva, la madre superiora de apellidos Rodríguez Ugalde e Hidalgo Murillo, según determinó el Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de Hacienda el 7 de marzo anterior.
A Quirós Castro se le otorgó arresto domiciliario con dispositivo electrónico por un semestre, mientras que Granados Delgado podía quedar libre si cumplía con la entrega de una caución real o fianza por ₡70 millones mediante una hipoteca a favor del Estado.