Panamá destina $1.8 millones para enfrentar demanda de Álvarez Desanti
Político habría adquirido tierras en procedimiento cuestionado por la ley
Antonio Álvarez Desanti,
candidato presidencial por el PLN (Daniela Abarca)
El gobierno panameño acordó destinar $1.8 millones para enfrentar una demanda planteada por el candidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), Antonio Álvarez Desanti, en un lío por una compra de tierras en la Comarca Ngäbe Buglé, un territorio indígena panameño.
El caso se recapitula así: la disputa es por una propiedad de 4 fincas que, según el gobierno panameño, se encuentran dentro de la comarca indígena y que fueron vendidas a Álvarez en 2009 por un grupo de abogados panameños.
Tras iniciar los permisos para un desarrollo turístico, el gobierno panameño determinó que las fincas adquiridas estaban ubicadas en un territorio diferente al que sentencias judiciales previas lo estipulaban.
Ante esta situación, Álvarez denunció una "expropiación encubierta" pues el gobierno panameño le quitó las tierras al grupo inversionista –compuesto por costarricenses y holandeses- sin hacer una indemnización. Asimismo, el grupo inversionista interpuso una demanda por $100 millones (unos ¢57.000 millones) por daños contra el Estado panameño.
La empresa representada por el candidato se denomina Desarrollo Ecoturístico Cañaveral y las fincas en disputa están en el Distrito Kusapín, en esa comarca. El objetivo era construir un hotel.
Según indica el diario La Estrella, el acuerdo permite al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) disponer de ese dinero para el contrato suscrito con la firma Hogans Lovelles US LLP.
"Panamá solicitó al ente arbitral una serie de pruebas de campo para fortalecer la posición del país en el proceso (…) Esta extensión consiste en la presentación de documentos y otras pruebas para mantener la defensa de los intereses de Panamá", cita la publicación de La Estrella, con fecha de este miércoles.
Al parecer, según indica el diario, la compra de Álvarez iría contra la Ley 10 de 1997 de Panamá, la cual está enfocada en proteger un humedal ubicado en el territorio que está en disputa.
"El artículo 10 permite la venta de terrenos siempre y cuando se ofrezca primero a los indígenas, si ellos no aceptan, pueden ser vendidos por terceros", menciona.
El 17 de abril, Álvarez indicó a CRHoy.com que se mantenía tranquilo y seguro de que ganarían el juicio que se dilucida en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial.