Otro directivo de CCSS suspendido por Gobierno pide a Sala IV ser reinstalado

(CRHoy.com) Un nuevo directivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), suspendido por el Consejo de Gobierno, solicitó a la Sala Constitucional que se le reinstale en su puesto, como ocurrió con otros dos de sus compañeros.

Se trata del representante del Estado ante la Junta Directiva de la institución, Carlos de Jesús Salazar Vargas, confirmó la oficina de prensa del Alto Tribunal ante una consulta de CRHoy.com. Él presentó el 30 de junio de 2023 un amparo que se mantiene bajo estudio de admisibilidad, en el expediente 23-015443-0007-CO.

El recurso llega tres días después de que, por mayoría, los magistrados ordenaran que los directivos José Luis Loría Chaves (del cooperativismo) y Martha Rodríguez González (del sindicalismo) fueran reintegrados a la cúpula de la institución administradora de los centros médicos públicos del país.

Dichos integrantes de la Junta Directiva, junto al recurrente, así como Maritza Jiménez Aguilar (del solidarismo) y Jorge Arturo Hernández Castañeda (de los patronos) fueron separados de sus puestos por aparentes conflictos de intereses, incumplimientos de requisitos en nombramientos e irregularidades en la toma de decisiones sobre la sostenibilidad de las finanzas de la Caja.

La gestión pretende que se suspenda el acuerdo 33 de la sesión del 7 de diciembre del órgano colegiado encabezado por el presidente Rodrigo Chaves Robles, así como la medida cautelar PR-SCG-OD-RES-001-2022 dictada 14 días más tarde. Salazar Vargas busca que se extiendan los efectos jurídicos de las resoluciones que los altos jueces dictaron el 27 de junio de 2023, en los votos 2023-15520, 2023-15518, 2023-15519 y 2023-15521.

Consecuentemente, también busca se deje sin efecto el nombramiento de quien le sustituyó, Marco Tulio Escobedo Aguilar.

Al reinstalar a Loría Chaves y Rodríguez González, declaró inconstitucional la suspensión cautelar que pesaba sobre ambos y que se dictó al inicio de un procedimiento administrativo dispuesto por el Consejo de Gobierno.

Para los magistrados, la ley constitutiva de esa institución expresamente otorga a los directivos absoluta independencia y garantía indefectible de inamovilidad en el ejercicio de sus cargos, de tal forma que puedan ejercer sus funciones sin presiones externas.

Así, se determinó que los miembros de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social pueden ser separados de tales puestos, pero hasta que se declare alguna responsabilidad legal en su contra (es decir, hasta después del contradictorio propio de las vías ordinarias y sin perjuicio de las fases impugnativas) o concurra alguno de los supuestos previstos para esos efectos, tal y como lo establece de forma expresa la ley, en consonancia con el principio de autonomía constitucional de la entidad.

Ese razonamiento permitió definir que las actuaciones cuestionadas por el Consejo de Gobierno contravinieron la independencia absoluta y la garantía de inamovilidad que la ley les da a los miembros de la Junta Directiva de la Caja en el ejercicio de sus funciones.

Las sentencias integrales se mantienen en redacción, por lo que hasta el cierre de esta publicación, únicamente se cuenta con las partes resolutivas de las mismas.

El amparo de Salazar Vargas trasciende el mismo día en que la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz Quintana, anunció que solicitó una certificación a la Sala de los "por tanto" de sus votos, a partir del cual -anunció- el Poder Ejecutivo procederá "como en Derecho corresponda" para dar cumplimiento a los fallos.