Orden de arresto en EE. UU. contra médico tico planteó que se exponía a cadena perpetua
Una orden de arresto de un tribunal del estado de Washington contra el médico costarricense Alberto Román, advirtió que se exponía a cadena perpetua por delitos sexuales.
Román fue detenido días atrás en el hospital de Grecia, Alajuela, como sospechoso de abusar sexualmente a una paciente. Antes, cuando vivía en Estados Unidos, fue denunciado por dos pacientes por los mismos delitos. Pese a que se abrió un proceso penal, el médico renunció al hospital y salió de Washington antes de que lo arrestaran.
Documentos judiciales del caso en EE. UU. a los que tuvo acceso CR Hoy, detallan cuatro cargos presentados contra Román, por presuntos hechos ocurridos mientras ejercía su profesión en un centro médico del condado de Yakima.
La acusación formal se presentó el 13 de diciembre de 2019. Posteriormente, el 15 de enero de 2020, un juez emitió una orden para su arresto.
La orden señala que Román enfrentaba dos cargos de violación en segundo grado y dos cargos por libertades indecentes. Los hechos involucraron a dos pacientes distintas que fueron atendidas entre diciembre de 2017 y octubre de 2018.
En ambos cargos de violación en segundo grado, la acusación recuerda que ese delito corresponde a un delito Clase A, cuya pena máxima es cadena perpetua y una multa de hasta $50.000.
Además, el documento advierte que si el acusado era declarado un "persistent offender" (delincuente reincidente), conforme a la legislación del estado de Washington, la sanción obligatoria podía ser cadena perpetua sin posibilidad de libertad.
El expediente
Los documentos judiciales identifican dos expedientes policiales distintos que sirvieron de base para la acusación.
La primera denuncia corresponde a una paciente identificada con las iniciales L.M.C.
Según la declaración de causa probable elaborada por la Policía de Yakima, la mujer acudió al Virginia Mason Memorial Hospital el 17 de diciembre de 2017 por un fuerte dolor abdominal. Los médicos sospechaban una infección urinaria severa y antecedentes de cálculos renales.
Durante su hospitalización, la paciente aseguró que Román realizó varios exámenes vaginales mientras permanecía internada.
La mujer declaró que el médico introducía sus dedos en la vagina de manera repetitiva durante varios segundos y que repitió ese procedimiento en distintas ocasiones entre el 19 y el 21 de diciembre de 2017.
También afirmó que el médico no utilizó guantes durante los exámenes y que nunca hubo un acompañante médico presente.
La paciente indicó que comenzó a sospechar que los procedimientos no eran normales cuando consultó con personal de enfermería.
De acuerdo con el informe policial, una enfermera le respondió que ese tipo de examen no era habitual y que debía realizarse con un acompañante.
La paciente presentó entonces la denuncia ante la Policía de Yakima.
Durante la investigación, los agentes obtuvieron el expediente médico correspondiente a la hospitalización entre el 17 y el 24 de diciembre de 2017.
Los investigadores indicaron que en esos registros no aparecía documentado ningún examen pélvico.
La policía también consultó a otros profesionales médicos. El informe señala que esos especialistas indicaron que un examen pélvico no forma parte del tratamiento habitual para una infección urinaria o cálculos renales.
Además, manifestaron que cualquier procedimiento de ese tipo debía documentarse en el expediente clínico, realizarse con guantes y contar con un acompañante.
Mientras esa investigación avanzaba, surgió una segunda denuncia.
El expediente judicial señala que otra paciente, identificada como A.P., acudió al mismo hospital por problemas relacionados con cálculos renales.
Según el informe policial, la mujer manifestó que Román le practicó exámenes pélvicos en tres consultas distintas.
La paciente afirmó que ningún otro médico que participó en su atención realizó ese tipo de procedimientos.
También declaró que el médico no utilizó guantes ni estuvo acompañado por otro funcionario de salud.
El informe añade que la mujer dijo haber advertido a una enfermera que el médico probablemente volvería a practicarle un examen vaginal, comentario que sorprendió al personal porque no existía una razón aparente para hacerlo.
Posteriormente, la paciente informó lo ocurrido a personal del hospital y luego formalizó la denuncia.
La declaración de causa probable también incorpora información sobre la investigación administrativa realizada por el Virginia Mason Memorial Hospital.
Según los documentos obtenidos mediante una orden judicial, el hospital investigó inicialmente la denuncia presentada por la primera paciente y concluyó que no podía sustentarla, por lo que cerró el caso el 9 de enero de 2018.
Sin embargo, el panorama cambió meses después con la aparición de la segunda denuncia.
La declaración policial indica que el hospital recibió esa nueva queja el 10 de octubre de 2018.
Posteriormente, el 19 de noviembre de ese año, inició el proceso para terminar el contrato laboral de Román-Cabezas.
Diez días después, el médico presentó su renuncia.
El detective a cargo del caso concluyó que se podía considerar que los exámenes que denunció la primera paciente no eran médicamente necesarios. Además, no se documentaron y no se realizaron conforme a las prácticas médicas habituales.
El investigador también señaló que las características descritas por la denunciante eran incompatibles con la forma en que normalmente se practica un examen pélvico.
Con base en esos elementos y en la segunda denuncia, la Fiscalía presentó cuatro cargos penales contra Román.
La acusación sostiene que el médico, aprovechando su condición de proveedor de servicios de salud, mantuvo contacto sexual o realizó actos sexuales con dos pacientes durante consultas.
La orden de arresto fue emitida el 15 de enero de 2020, pero el documento también señala que Román Cabezas ya había abandonado el estado de Washington y se creía que residía en Carolina del Norte al momento de la investigación.
