Operador de expresidente peruano pagó $121 mil para cerrar caso en Costa Rica

(CRHoy.com) Uno de los operadores del expresidente peruano, Alejandro Toledo, alcanzó un acuerdo para lograr que se archivara una investigación que el Ministerio Público seguía en su contra por aparente legitimación de capitales.

De esta manera, el ejecutivo Sabih Saylan consiguió un acuerdo para que en su contra el Juzgado Penal del I Circuito Judicial de San José dictara un sobreseimiento definitivo que se encuentra en firme, detalló la oficina de prensa del Ministerio Público ante consulta de CRHoy.com.

La figura de la que echó mano el vicepresidente del grupo Merahv -conglomerado de Israel con inversiones en el negocio gasífero, industrial y de telecomunicaciones- se denomina reparación integral del daño. Esta es una medida alterna al proceso, en la que un imputado -en un solo acto- remienda la afectación derivada del delito que haya cometido.

Para ello, un encartado necesita el consentimiento del acusador y de la víctima en una audiencia temprana (previa a la celebración de un debate). En el caso concreto, estas serían la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial, así como el Sistema Financiero Nacional, respectivamente.

El departamento de comunicaciones del Ministerio Público detalló que Saylan pactó y concretó el pago de $121.050. A su vez, justificó que se alcanzó el acuerdo en el tanto que ese operador tuvo una "participación mínima" en el desvío final de los dineros que quedaban en las cuentas en Costa Rica.

Saylan es conocido en Perú como la mano derecha del empresario Yosef Maiman, amigo del exmandatario acusado de recibir hasta $20 millones de parte de la constructora brasileña Odebrecht, correspondientes a sobornos aparentemente cancelados a Toledo.

Él confesó a la justicia de la nación sudamericana que el exjefe de seguridad del exgobernante, Avraham Dan On, le asistió para conformar una sociedad y distintos productos en el Scotiabank de Costa Rica con el dinero de las dádivas. De hecho, el Registro Nacional certificó que el ejecutivo era el representante legal de la empresa Ecostate Consulting Group Sociedad Anónima. Las cuentas fueron posteriormente cedidas a la señora Eva Fernenbug, suegra del expresidente, determinó la Fiscalía.

En el país fue posible por años la inmovilización de $6,6, hasta que el 28 de abril de 2023, el Juzgado Contencioso Administrativo condenó a la compañía a la pérdida de $6,6 millones. De esta forma, el dinero pasará a las arcas del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).

Extinción de la acción penal

Dentro del expediente 13-000051-0618-PE -además de Sabih Saylan- figuró Yosef Maiman. Este era el dueño y presidente de Merahv, en su natal Israel.

Este multimillonario fue señalado por el exgerente de Odebrecht, Jorge Barata, como el receptor de las dádivas pagadas a Alejandro Toledo, por la adjudicación de dos tramos de la carretera Interoceánica Sur, que une a Perú con Brasil. El contrato entre las partes para la ejecución de esa obra se materializó en el 2005, un año antes de que el exmandatario dejara el poder.

Sin embargo, el empresario falleció el 9 de octubre de 2021. Por lo anterior, el Ministerio Público planteó una solicitud de sobreseimiento definitivo en su favor, por extinción de la acción penal por muerte del endilgado.

La Fiscalía tuvo que tramitar el mismo requerimiento conclusivo en el caso de tres exempleados del Scotiabank. No obstante, como lo dio a conocer este medio, la gestión se sustentó en una prescripción de los hechos que le eran atribuidos a un hombre de apellido Blanco y dos mujeres de apellidos López y Rugama.

Al banco, la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) lo sancionó con una multa ¢1.171 millones por incumplimientos -en este caso- a la Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso No Autorizado, Actividades Conexas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo.

En la vía penal se determinó que los trabajadores antes citados cuando menos faltaron al deber objetivo de cuidado, al no aplicar la debida diligencia que estipula la legislación antilavado. En tal sentido, el Ministerio Público los señaló de una acción culposa (ilícito en el que se incurre sin el cuidado para evitar el daño, pero sin intencionalidad por parte del perpetrador), misma que es castigada con entre 1 y 3 años de prisión por el artículo 70 de la normativa antes indicada.

Precisamente, la pena máxima prevista para ese delito es a su vez el plazo límite para perseguirlo penalmente, siempre que no se interrumpa con algún acto procesal el cómputo de la prescripción. Aquel periodo pudo ser mayor, si se hubiese encontrado evidencia que permitiera acreditar que el hecho fue doloso, ya que eso hubiese hecho que las sanciones fueran mayores.

Así las cosas, la extinción de la acción penal por los hechos antes descrito se materializó mientras la causa estuvo desestimada entre 2014 y 2017, precisó la Fiscalía.

En el expediente original figuraron, además, Alejandro Toledo, su esposa Eliane Karp, su suegra Eva Fernenbug, así como su exjefe de seguridad, Avraham Dan On. Contra ellos se ordenó un testimonio de piezas (una investigación separada) ante la imposibilidad para juzgarles en Costa Rica. Los hechos ilícitos atribuidos a ese grupo se tramitan bajo el número de referencia 22-000101-1322-TP.

Recién el 23 de abril de 2023, el exgobernante fue extraditado desde Estados Unidos hacia Perú, donde deberá hacer frente a las acusaciones penales de aparente colusión y tráfico de influencias.