ONU se desmarca de lo dicho por Albino Vargas sobre plan para regular huelgas

(CRHoy.com).- El Sistema de las Naciones Unidas (ONU) en Costa Rica emitió un pronunciamiento en el que la Organización se desmarcó de los criterios emitidos por tres relatores especiales sobre el proyecto de ley que se discute en la Asamblea Legislativa para arrojar seguridad jurídica sobre las huelgas.

En el comunicado, la sede de la ONU en Costa Rica advirtió de que la posición externada por los relatores es un criterio independiente y que este no es necesariamente la posición oficial del Consejo de los Derechos Humanos, ni de la Organización de las Naciones Unidas. 

"Los Relatores Especiales trabajan de manera voluntaria y no son personal de la ONU. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan servicios a título individual. Al ser sus criterios y posiciones independientes, los expertos no están sometidos a la supervisión de la Secretaría de Naciones Unidas. Por tanto sus recomendaciones no son de carácter vinculante", se lee en el pronunciamiento.

Este jueves los líderes de varios sindicatos opuestos al proyecto de ley que tramitan los diputados realizaron una conferencia de prensa en la que dieron a conocer la posición de los relatores especiales sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación; y sobre la situación de los defensores de derechos humanos.

En su carta, esas figuras hicieron advertencias sobre "supuestas violaciones a derechos humanos" contenidas en el texto del proyecto de ley que promueve el diputado Carlos Ricardo Benavides (Liberación Nacional), quien preside la Asamblea Legislativa.

Incluso, el secretario general de la Asocación Nacional de Empleados Públicos y Privados (Anep), Albino Vargas, el documento generado por las personalidades nombradas para un mandato por la ONU también fue trasladado a la Sala Constitucional que analiza actualmente la consulta facultativa de constitucionalidad que le trasladó el Parlamento después de aprobar en primer debate el proyecto de ley.

El sindicalista Vargas alegó que si el proyecto de ley se avala finalmente manteniendo "la violación a los derechos humanos" que las relatorías señalaron "haría caer a Costa Rica en responsabilidad internacional por los tratados vigentes firmados por el país, y no quedará más remedio que demandar internacionalmente al país".

No obstante, la sede de la ONU en San José fue clara en que la posición que se vertió en el informe no es la del Consejo de los Derechos Humanos de la Organización.

La ONU sí manifestó que el criterio de los relatores es un "insumo valioso" que debe ser considerado por los Estados.

"Es potestad del Estado costarricense valorar estas recomendaciones emitidas por los expertos internacionales y tomarlas en consideración al momento de emitir su decisión final sobre la propuesta de ley", consignó la sede de la ONU.

La aclaración de la sede coincide con algunas de las reacciones que generó el anuncio hecho por los sindicatos. Por ejemplo, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), resaltó que el informe que divulgaron los dirigentes de los gremios de empleados públicos no era la posición oficial de la ONU.

"Los relatores son independientes y sus declaraciones no reflejan la posición oficial de las Naciones Unidas, según nos han informado, de ahí que el pronunciamiento que fue dado a conocer este jueves por parte de un sindicato no debe considerarse como una posición oficial de dicho órgano", había anticipado la dirigencia patronal que amalgama la Uccaep.

El proyecto de ley que analiza la Sala Constitucional en este momento tiene como principales objetivos prohibir las huelgas en servicios esenciales como los de salud—como la hospitalización, consulta externa, exámenes médicos, pruebas de laboratorio, entre otros—, policía, comedores escolares, judiciales, suministro de agua, combustible, electricidad y telecomunicaciones, entre otros. Además, le pone un tope de 21 días naturales consecutivos o 10 días naturales discontinuos a las huelgas en el sector educación.

Uno de los aspectos que destacan del proyecto es que los empleados públicos que se vayan a huelga no podrán cobrar sus salarios desde el primer día en que dejen de laborar.