ONG pide frenar traslados al CACCO por riesgo de enfrentamientos y falta de seguridad
La Asociación Ayudando a los Privados de Libertad y sus Familias presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional para solicitar que se detengan los traslados de reclusos al Centro de Alta Contención para el Crimen Organizado (CACCO).
El recurso, presentado este miércoles 14 de octubre, advierte sobre posibles enfrentamientos entre integrantes de bandas criminales rivales, debido a la preocupación de la organización de que sean ubicados en los mismos pabellones.
Según la asociación, esa situación podría provocar riñas e incluso asesinatos dentro del centro penitenciario. Además, cuestiona que se traslade a condenados por delitos como la venta de drogas, pero que, según afirma, no pertenecen a estructuras de crimen organizado.
La organización también señala presuntas deficiencias en la infraestructura y los servicios de la cárcel, inaugurada el 14 de octubre.
Entre sus principales preocupaciones están las altas temperaturas dentro de las celdas, que, según el documento, superarían los 38 °C y podrían alcanzar los 40 °C; la falta de privacidad en los servicios sanitarios y las duchas; y la ausencia de cámaras de vigilancia en algunos sectores.
El recurso también advierte sobre una posible insuficiencia de personal de seguridad y de atención médica. La asociación afirma que el centro cuenta con dos médicos y dos enfermeros para atender a una población de aproximadamente 5.000 privados de libertad.
Asimismo, cuestiona la falta de odontólogos y sus asistentes de planta, así como las condiciones de ventilación de los espacios destinados a las visitas de familiares y abogados.
Ante estas situaciones, la organización solicita a los magistrados que ordenen detener los traslados mientras se resuelve el recurso y que se valoren las condiciones de seguridad, salud y respeto a los derechos fundamentales de la población penitenciaria.
El recurso fue presentado contra la presidenta de la República, Laura Fernández; el ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar; las autoridades del CACCO y el Departamento de Arquitectura del Ministerio de Justicia y Paz.