OIT: Legislación nacional violenta derecho a huelga y negociación colectiva
La legislación nacional violenta garantías sobre el derecho a huelga y la negociación colectiva con la aplicación de la Ley de Empleo Público y la Antihuelgas, aprobada por la Asamblea Legislativa en el año 2022.
Así lo determinó un informe del Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de marzo de 2026, que analizó la normativa vigente en el tema, e instó al Gobierno a revisar ese marco normativo.
El pronunciamiento responde a una queja presentada en 2018 por diversas organizaciones sindicales, que cuestionaron disposiciones de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y de la Ley para Brindar Seguridad Jurídica sobre la Huelga y sus Procedimientos, al considerar que restringen el derecho a la negociación colectiva y al ejercicio de la huelga. El Comité analizó la legislación para generar un pronunciamiento.
Las instancias denunciaron que las reformas impulsadas por el Gobierno durante la administración de Carlos Alvarado vulneraron derechos relacionados con la negociación colectiva, el ejercicio de la huelga y la libertad sindical.
Derecho a huelga
En sus conclusiones, el organismo recordó que el derecho de huelga constituye uno de los principales mecanismos de los trabajadores para promover y defender sus intereses profesionales, aunque reconoció que este puede estar sujeto a restricciones en servicios esenciales cuando exista riesgo para la vida, la salud o la seguridad de la población.
No obstante, advirtió que varios aspectos de la Ley 9808 podrían ser incompatibles con los principios de libertad sindical, entre ellos las limitaciones a la duración de determinadas huelgas, la imposibilidad de convocar nuevas huelgas por el mismo motivo y la ampliación de los servicios considerados esenciales o de importancia trascendental, donde el derecho de huelga puede restringirse o prohibirse.
El pronunciamiento se da en un contexto en el que tanto la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) como los tratados de libre comercio (TLC) suscritos por Costa Rica exigen el respeto de los estándares laborales establecidos por la OIT. El país es miembro de la OCDE y mantiene vigentes 16 acuerdos comerciales con 58 socios.
Revisión de normativa
Por ello, recomendó al Gobierno revisar la normativa en consulta con las organizaciones representativas de trabajadores y empleadores, con el fin de asegurar que la legislación se ajuste plenamente a los estándares internacionales en materia de libertad sindical.
En cuanto a la Ley 9635, el Comité remitió a las recomendaciones emitidas previamente por un comité tripartito de la OIT, el cual solicitó al Gobierno revisar el marco normativo para garantizar un espacio efectivo de negociación colectiva en el sector público, especialmente en lo relativo a las condiciones de trabajo y la remuneración de los trabajadores que no forman parte de la administración central del Estado.
Además, el organismo internacional recordó que la suspensión unilateral, en 2018, de la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público respondió a una medida temporal de contención del gasto.
Pero subrayó que el respeto a los acuerdos colectivos constituye un elemento esencial de la negociación colectiva y pidió que, en futuras situaciones económicas excepcionales, estas se aborden dentro de los mecanismos de diálogo social.
Por último, el Comité solicitó al Gobierno y a las organizaciones sindicales informar sobre la situación de cuatro dirigentes del Sindicato de Trabajadores Petroleros, Químicos y Afines que enfrentaron procesos disciplinarios tras participar en la huelga de 2018, e invitó al Estado a solicitar asistencia técnica de la OIT para fortalecer el diálogo social y dar seguimiento a las recomendaciones emitidas.
Entre los suscritos de la queja figuran la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN), la Central del Movimiento de Trabajadores Costarricenses (CMTC), la Central Social Juanito Porras–ANEP (CSJMP), la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC), la Asociación Nacional de Educadores y Educadoras (ANDE) y la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE).
