OIJ y Fiscalía tendrán última palabra sobre plan para intervenir comunicaciones
Este lunes habrá una reunión de trabajo en el Congreso
La Fiscalía General y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) tendrán la última palabra acerca del proyecto de ley que busca modernizar la legislación para permitir la intervención de las comunicaciones como parte de las estrategias para combatir el narcotráfico y el crimen organizado.
Este lunes los jerarcas de estas dependencias del Poder Judicial se reunirán con los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico del Congreso para discutir las últimas mociones de fondo que los diputados presentaron a este proyecto de ley.
La intención es que la Fiscalía y el OIJ se pronuncien acerca de los cambios que se pretenden introducir al texto antes de su aprobación, según explicó Gloria Navas, presidenta de la Comisión de Seguridad.
Tanto el OIJ como el Ministerio Público han insistido en la necesidad de cambios en esta legislación para atacar a las bandas criminales.
Durante las sesiones de trabajo de la mesa de seguridad de los 3 supremos poderes de la República, Randall Zúñiga, director del OIJ, sugirió la incorporación de otras tipificaciones de delitos y procesos de investigación para implementar las intervenciones.
Zúñiga explicó que actualmente la ley faculta hacer intervenciones de comunicaciones en investigaciones sobre homicidios calificados. La intención es incluir también el homicidio simple. También, según el jerarca del OIJ, se discute también incorporar el delito de extorsión.
Esto, según dijo Zúñiga, por el aumento de delitos ligados a los préstamos conocidos como gota a gota.
Por último, está valorando permitir la implementación de estas intervenciones en casos de desaparición de mujeres.
Durante su etapa de discusión en comisión, la principal corrección que los diputados le hicieron a la propuesta del Gobierno fue eliminar una reforma al artículo 10 de la Ley 7425 sobre Registro, Secuestro y Examen de Documentos Privados e Intervención de las Comunicaciones.
Con esa reforma el Ejecutivo pretendía permitir a la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) participar en escuchas telefónicas.
Los diputados también dejaron claro en el nuevo texto que, además del delito de trasiego de drogas, estas intervenciones se podrán realizar para investigación de delitos como la venta de órganos y delitos sexuales, entre otros.
"Dentro de los procedimientos de una investigación policial o jurisdiccional, los tribunales de justicia podrán autorizar la intervención de comunicaciones orales, escritas o de otro tipo, incluso las telecomunicaciones fijas, móviles, inalámbricas, digitales y por cualquier otro medio tecnológico, cuando involucre el esclarecimiento de los siguientes delitos: extorsión, secuestro extorsivo, corrupción agravada, proxenetismo agravado, fabricación, producción o difusión de pornografía y delitos sexuales contra personas menores de edad; trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y tráfico de órganos; homicidio calificado, homicidio simple, femicidio, genocidio, terrorismo y los delitos previstos en la ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso No Autorizado, Actividades Conexas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo", dice la propuesta