Oficialismo rechaza llevar a expertos a opinar sobre proyectos de Laura Fernández
Créditos: Asamblea Legislativa
Los diputados de Pueblo Soberano (PPSO) rechazaron varias mociones para citar y escuchar el criterio técnico de expertos sobre los proyectos de seguridad impulsados por la presidenta Laura Fernández.
Las mociones de audiencia las presentó la diputada del PUSC, Abril Gordienko, quien propuso convocar al presidente del Colegio de Abogados y a los integrantes de la Comisión de Asuntos Penales de ese gremio.
La decisión del oficialismo se produce luego de que el Colegio de Abogados respaldara un informe crítico sobre el primer paquete de proyectos de seguridad presentado por el Poder Ejecutivo.
Votaron en contra de las audiencias los oficialistas Gonzalo Ramírez, Kattia Calvo, Cindy Murillo, Daniel Siézar y Fernando Obaldía.
A favor lo hicieron Abril Gordienko, los liberacionistas Éder Hernández y Marco Badilla, así como la frenteamplista Sigrid Segura.
Gordienko calificó la decisión de "inexplicable" y sostuvo que escuchar a especialistas en derecho penal permitiría identificar eventuales errores y fortalecer las iniciativas contra el crimen organizado.
"En materia de seguridad no basta con aprobar proyectos a la carrera; escuchar a expertos permite mejorar los textos", señaló la legisladora.
Proyectos de Seguridad
Los primeros seis proyectos presentados por la mandataria el pasado 15 de junio son:
Ley Gerson Rosales
La presidenta Laura Fernández dijo que, de aprobarse esta ley, se presume que la respuesta armada de un oficial "debe presumirse como legítima defensa".
La iniciativa fue llamada como el oficial Gerson Rosales, asesinado en Batán este año.
Castigo por pertenecer a organizaciones criminales
La propuesta crea una pena de entre uno y seis años de prisión para quien pertenezca a una organización criminal, aun cuando no se le atribuya otro delito.
Reforma contra la reincidencia
El proyecto plantea que todo reincidente enfrente prisión preventiva como medida cautelar y que los jueces impongan la pena más alta cuando cometa un nuevo delito dentro de un plazo de 15 años.
Cambios a los beneficios de ejecución de la pena
El proyecto establece que los privados de libertad deberán participar en un trabajo remunerado para optar por beneficios de ejecución de la pena.
Según la propuesta, el salario se distribuiría de la siguiente manera:
- 35% para el sistema penitenciario.
- 35% para las familias de las víctimas del delito.
- 20% para el apoyo familiar de la persona condenada.
- 10% para un fondo de ahorro a su favor.
Endurecimiento de sanciones por pistas clandestinas
La iniciativa aumenta de cinco a diez años la pena de prisión para propietarios o arrendatarios de terrenos donde se construyan pistas clandestinas.
Registro permanente para delitos contra la vida
La denominada Ley para la Seguridad Nacional propone que las condenas por delitos contra la vida permanezcan durante 15 años en la hoja de delincuencia después de cumplida la pena.
Sin embargo, esos antecedentes nunca se eliminarían de los registros judiciales y policiales.
Algunas de estas iniciativas están en consulta de instituciones, por lo que no se ha iniciado su discusión en la Comisión de Seguridad.
A esta lista se suman cinco nuevas propuestas presentadas por la mandataria al Congreso el pasado 27 de julio.