Nuevo plan de Empleo Público llegará al Congreso en extraordinarias
Mandatario apunta que Poder Ejecutivo no ve viable un único régimen salarial
El presidente, Carlos Alvarado
(CRHoy.com) Luego de una primera pifia, el gobierno de Carlos Alvarado volverá a tocar las puertas de la Asamblea Legislativa con un nuevo proyecto de Empleo Público.
La Casa Presidencial enviará a las próximas sesiones extraordinarias del Congreso -que arrancan el 1 de diciembre- un nuevo texto, en sustitución del que retiró en junio anterior para dar prioridad a otros proyectos, pero también en medio de críticas al texto que había enviado en abril.
El presidente de la República, Carlos Alvarado, confirmó que el Ejecutivo enviará el nuevo plan al Congreso en extraordinarias, pero no precisó en qué momento de los 5 meses que componen este período (se extiende hasta el 30 de abril). En este lapso la Presidencia es la que define la agenda de proyectos que los diputados discuten en las comisiones y el Plenario.
Alvarado no precisó cuáles serán los cambios que tendrá el nuevo texto, solo adelantó que el gobierno sigue en su postura de no ver viable la unificación de todos los regímenes salariales del sector público en uno solo. Defendió que el nuevo plan buscará la eficiencia del aparato estatal y mejorar las condiciones de los burócratas.
Según dijo el texto lo está construyendo la Ministra de Planificación, Pilar Garrido y su despacho.
Las reformas al empleo público buscan poner orden en todos los regímenes salariales del país. El plan crearía un nuevo régimen salarial para los futuros empleados públicos, a fin de evitar el crecimiento desmedido del gasto en las remuneraciones del Estado. A su vez, el proyecto de ley introduciría mecanismos para aumentar la eficiencia de los funcionarios actuales.
El primer proyecto entró al Congreso en abril y se empezó su discusión bajo las nuevas normas del reforma al Reglamento Legislativo que fueron aprobadas ese mes, las cuales iban a garantiza un mecanismo de discusión más ágil.
Sin embargo, durante sus primeras semanas en tramitación, la oposición y otros actores vieron que el texto tenía debilidades. Por ejemplo, la fracción de la Unidad Social Cristiana mencionó que el plan no tomaba en cuenta a los futuros servidores públicos y que establecía remuneraciones difíciles de aplicar.
La Contraloría General de la República dijo también que el plan era "insuficiente. Dijo que habían multiplicidad de normas, que no incluía un régimen sancionatorio para los funcionarios públicos. Sobre este último aspecto también se pronunció la Procuraduría General de la República.
En medio de todas estas críticas el gobierno sacó en junio el plan de la corriente legislativa, alegando que quería dar un espacio a los diputados para tramitar en ese momento las reformas a Japdeva.