Nueva cárcel no estuvo lista en los 195 días que prometió Chaves
El Ministerio de Justicia, liderado por Gabriel Aguilar, incumplió la promesa de entregar el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (Cacco) en los 195 días que anunció el exmandatario Rodrigo Chaves cuando presentó el proyecto durante la visita del presidente salvadoreño, Nayib Bukele.
En enero anterior, en plena campaña electoral, la administración anterior anunció la llegada de Bukele para el acto simbólico de inicio de la construcción. Aunque físicamente no hubo una colocación de la primera piedra, las transmisiones y los discursos oficiales presentaron la actividad como el banderazo inicial de la obra.
También aseguraron que, a partir de ese momento, la construcción tomaría apenas 195 días. Ese plazo venció el 28 de julio sin que la entrega de las nuevas celdas esté aún en el horizonte inmediato, incumpliendo así el cronograma fijado por el propio Poder Ejecutivo.
El pasado 22 de julio, Aguilar dijo a los medios de comunicación que el Cacco estará listo estructuralmente hasta finales de setiembre. Sin embargo, aclaró que para entonces las instalaciones todavía no estarán completamente operativas.
"Tiene que haber un proceso de recepción de obras; es una obra de magnitud. La administradora del contrato tiene que revisar cada detalle en campo, tiene que entrar Bomberos a decir si cumple con todas las condiciones y a partir de ahí esperaría que ya esté listo para el traslado de los primeros privados de libertad de alta contención, para al menos los primeros dos módulos", dijo el jerarca.
Todavía falta aproximadamente una cuarta parte de las obras, pese a que ya venció el plazo que el propio Gobierno estableció. Semanas atrás, Gerald Campos —hoy ministro de Seguridad y quien lideró el proyecto hasta mayo— confirmó que las instalaciones penitenciarias se entregarán por etapas.
Nebulosa de plazos
Las declaraciones de Chaves y de la entonces diputada Pilar Cisneros durante el evento con Bukele fueron claras al establecer un plazo de 195 días para concluir las obras. Sin embargo, ese mismo día comenzaron las contradicciones sobre la fecha de inicio del proyecto.
Pese a anunciar el acto con bombos y platillos como la colocación de la primera piedra, ese mismo día el viceministro encargado del sistema penitenciario, Nils Ching, dio una versión distinta al asegurar que esa actividad no constituía el inicio formal de la construcción.
Incluso sostuvo que todavía no había concluido la preparación del terreno y que, por esa razón, la obra no había comenzado oficialmente. No obstante, de forma paralela ya se habían ejecutado trabajos de obra gris y preparativos en gran parte del complejo.
Posteriormente, en una respuesta institucional a consultas de este medio, el Ministerio de Justicia pretendió contabilizar el plazo a partir del 12 de marzo, una vez concluida la primera fase del movimiento de tierras, pese a que los trabajos ya estaban avanzados y esa versión contradecía lo manifestado por el propio Chaves.
La presidenta Laura Fernández se ha mostrado cauta al referirse a la fecha de entrega. En sus declaraciones más recientes sobre el Cacco se ha limitado a señalar qué perfiles de privados de libertad deberían ser recluidos en esas instalaciones.
Una vez concluida y entregada la obra civil, prevista para setiembre, las autoridades penitenciarias tienen programado iniciar el traslado de los primeros 2.500 privados de libertad de alta peligrosidad.
Las nuevas instalaciones serán utilizadas para albergar a privados de libertad de alta peligrosidad, líderes de estructuras criminales y personas vinculadas con actos de corrupción. El complejo contará con cinco módulos independientes y capacidad para más de 5.000 reclusos.
Esa cifra está lejos de cubrir el déficit de espacios existente en el sistema penitenciario nacional, por lo que el hacinamiento carcelario continuaría.
Para poner en funcionamiento el Cacco, el Gobierno deberá trasladar oficiales de la Policía Penitenciaria que actualmente laboran en otros centros penales. El complejo se ubicará en un terreno dentro del área de cárceles en San Rafael de Alajuela.
