MOPT valora subsidiar tren eléctrico con impuesto único a los combustibles

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) valora impulsar a futuro una modificación de la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias (conocida como ley 8114) para que una parte de lo recaudado a través del Impuesto Único a los Combustibles subsidie la operación del sistema de Tren Rápido de Pasajeros (TRP) de la Gran Área Metropolitana (GAM), conocido también como tren eléctrico).

Cada vez que un conductor pasa a la gasolinera a comprar combustible para el vehículo, un 33% de lo que paga corresponde a ese impuesto. Por ejemplo, al 29 de noviembre de 2023, el precio por litro de la gasolina Súper era de ₡807 y de ese monto ₡272,75 correspondían al impuesto.

Según la ley 8114, promulgada en 2001, un 48% de lo recaudado se trasladará al Ministerio de Hacienda para que este lo distribuya en distintos fines específicos. Por ejemplo, uno de esos beneficiados es el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).

La legislación indica que la entidad debe recibir un 21.75% del 48% para atender la red vial nacional pavimentada. Así las cosas, esos dineros deben destinarse "exclusivamente" a conservación, mantenimiento rutinario, mantenimiento periódico, mejoramiento, rehabilitación y construcción de obras viales.

Además, un 22% de lo recaudado debe ser trasladado a las municipalidades para la atención de la red vial cantonal. Mientras, el restante se distribuye entre otros actores: el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo), el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), la Cruz Roja Costarricense (CRC), entre otros.

El MOPT y el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) visualizan un nuevo plan de tren eléctrico en la GAM que costaría $800 millones y que enlazaría con otros sistemas de transporte, como los autobuses o los taxis.

El proyecto se financiaría con los $550 millones otorgados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) desde la Administración Alvarado Quesada (2018-2022) y $250 millones negociados recientemente con el Banco Europeo de Inversiones (BEI).

De momento, la propuesta definitiva no está lista y las autoridades están a la espera de una serie de análisis de demanda y de redefinición del plan que están a cargo del BCIE. También, se debe tomar en cuenta que los créditos para el proyecto deberán ser avalados por la Asamblea Legislativa.

Luis Amador, ministro de Obras Públicas y Transportes, considera que en un mediano plazo los dineros provenientes de lo recaudado con el Impuesto Único a los Combustibles podrían usarse para subsidiar la operación del tren. Eso sí, se requeriría una modificación legal aprobada por la Asamblea Legislativa.

Bajo la manga, el jerarca también mantiene otras 2 alternativas para conseguir el subsidio: fijar el pago por congestión a los vehículos particulares que ingresen al centro de San José (en lugar de la restricción vehicular) o establecer un impuesto al carbono que pagarían anualmente los dueños de los vehículos particulares (en países desarrollados como Canadá se pagan 5 céntimos de dólar por vehículo).

"Esas son otras formas de dotar de recursos. Se requieren cambios de ley. Pero, los recursos del préstamo tienen período de gracia de 5 años. Entonces, significa que el tiempo sea para tomar la discusión de implementar alguno de estos o varios, o hacer los cambios para que lo que se recauda por el Impuesto Único a los Combustibles se use para esto.

"¿Por qué no es una locura usar el Impuesto Único a los Combustibles? Porque el impuesto único se cobra a las personas que quieren usar su automóvil para movilizarse y los que no quieren usar su vehículo y quieren usar el transporte público, requieren de un subsidio para utilizar ese transporte público. Ya tendría yo que entrar a ahondar en todas las ventajas que eso tiene", manifestó Amador, el pasado 17 de noviembre, en una conferencia de prensa brindada en el auditorio del Consejo de Transporte Público (CTP).

El Incofer no tendría la capacidad necesaria para operar el tren eléctrico y por eso contratarían a una empresa extranjera que en el rol de "socio estratégico" asuma esa función.

Álvaro Bermúdez, presidente ejecutivo del instituto, indicó que deben reconfirmar los cálculos que tienen a través de una validación con especialistas externos. Sin embargo, alegó que el subsidio sería "una fracción muy baja".

"El subsidio inicial probablemente sea más alto y se va a ir diluyendo con los años", expuso el jerarca, quien agregó la posibilidad de aumentar ingresos por publicidad o por la gestión de proyectos inmobiliarios en las cercanías de las estaciones del tren.

El proyecto estaría definido hasta el segundo semestre de 2024. Foto: Incofer

En julio de 2022, con 2 meses en el poder, el actual gobierno (2022-2026) sepultó el plan que promovió la Administración Alvarado Quesada (2018-2022) para promover un tren eléctrico bajo una concesión, por 35 años y una inversión requerida de aproximadamente $1.400 millones, con 5 líneas entre Paraíso de Cartago y Ciruelas de Alajuela. Eso sí, se iba a requerir un subsidio estatal anual de entre $50 millones y $150 millones para la operación del sistema.

La primera intención de las autoridades actuales era tomar como base un plan propuesto en 2016, durante la Administración Solís Rivera (2014-2018), para que se construyera un TRP con tramos elevados entre San José y Paraíso de Cartago. Solo esa única línea tendría un costo cercano entre los $500 millones y los $600 millones, dejando por fuera otras zonas como Alajuela o Heredia. Luego, esto fue reconsiderado por un proyecto que abarcaría más zonas.

Para redefinir el proyecto, el BCIE aportará un grupo de estudios contratados a una consultora con el afán de estimar la demanda del servicio, las rutas con mayor afluencia de pasajeros y la integración con otros sistemas de transporte (como los autobuses).

Meses atrás, Bermúdez enfatizó que una vez que se cuente con los resultados finales de los estudios que se realizarán para la optimización, se tomarán las decisiones con respecto a la etapa de inversión.

El instituto espera contar con los resultados de la optimización en el segundo cuatrimestre del año 2024, cumpliendo con los lineamientos de Mideplan, del MOPT y del Ministerio de Hacienda para relanzar el proyecto.