Ministro del MOPT y Presidente desconocen estado actual de la fracasada “trocha fronteriza”
Ante consulta de medio regional, ministro prefirió no referirse al no contar con información
(CRHoy.com). El estado actual de la ruta nacional 1856, conocida como la trocha fronteriza, es una incógnita para las autoridades de gobierno.
La trocha en la Zona Norte fue un proyecto polémico. Durante la administración Chinchilla Miranda (2010-2014) nació al amparo de un decreto de emergencia nacional para atender la disputa limítrofe con Nicaragua suscitada hace una década.
La obra quedó atascada en el barrial gracias a un escándalo judicial por el presunto mal manejo de fondos públicos destinados a la construcción de los 160 kilómetros de longitud, en la zona fronteriza norte.
En el proyecto se destinaron ₡20 mil millones, pero en años posteriores se calculó que se requerirían, al menos, ₡41.600 millones adicionales para garantizar la conclusión. Nada de eso ocurrió y la obra, tanto lo realizado como lo que tenía que hacerse, quedó al garete.
El pasado 3 de agosto, en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno, un medio de comunicación de la Zona Norte consultó, ante inquietudes vecinales, sobre el estado del proyecto. Sin embargo, Luis Amador, ministro de Obras Públicas y Transportes, prefirió no emitir un criterio al respecto ya que no contaba con detalles del estado de esa ruta.
"La trocha, don Rodrigo (Chaves, presidente de la República), no sé si usted se refiere a eso, pero yo no tengo información al respecto", detalló, en primera instancia, el ministro.
Luego, Chaves, agregó que tampoco tenía datos sobre la ruta. "No sabría qué decirle, ministro. Es un tema técnico. Es más. No sé si ni siquiera existe, en el sentido de que ya se llevaron esos contenedores que pusieron en lugar de puentes en los ríos, si ya creció vegetación. No tengo la menor idea", señaló.
Ante este panorama, Amador reiteró que no se referiría, ya que es un "asunto complicado en este momento" y reconoció que existe un clamor popular por reparar las rutas nacionales que están en mal estado.
Durante el gobierno de Luis Guillermo Solís (2014-2018) se intentó dar continuidad al proyecto, pero pronto esa posibilidad se desechó. En su Plan Nacional de Desarrollo (PND), esa administración planteó dejar concluida la carretera en un 40% con una inversión superior a los 13 mil millones de colones. La falta de presupuesto hizo que la intención fuera desechada.
Esos planes de conclusión incluían el diseño de 6 secciones. La construcción de las secciones 1 y 2, el levantamiento de 15 puentes (estaban 6 colocados), la supervisión de construcción de trabajos y un monto por concepto de reajustes. Nada prosperó. Se concluyeron los diseños de 5 secciones, pero por obvias razones ninguno llegó a fase constructiva.
Cuando asumió, Solís existía un saldo superior a los ₡5 mil millones para ser usados en el proyecto. Los recursos provenían de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) al tratarse de un decreto de emergencia nacional.
Al cierre de ese gobierno se instruyó a la Gerencia de Construcción proceder con la devolución de los recursos asignados mediante convenio con la CNE, así como el cierre de todas las contrataciones activas.
Con Carlos Alvarado, presidente de la República para el período 2018-2022, inicialmente el proyecto no estaba sobre el tapete. Sin embargo, el MOPT y el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) valoraron un plan para reactivar tramos muy puntuales. Nada se concretó.
En 2020, Mario Rodríguez, entonces director ejecutivo del Conavi, insistió en que el país no contaba con recursos para finalizar la totalidad del proyecto y, por eso, apostaban por una propuesta para reactivar las partes más útiles para poblaciones fronterizas.
En esa oportunidad, por ejemplo, Conavi procuraría determinar con el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) cuáles trayectos serían más urgentes de cara a ser habilitados para facilitar el movimiento de cuerpos policiales en la zona fronteriza.
Las presuntas irregularidades en el desarrollo de la obra irán a juicio entre marzo y setiembre de 2023. El expediente penal 12-000053-0621-PE del caso incluía a 26 personas investigadas, entre funcionarios y empresarios. Sin embargo, tras el avance del proceso y la ejecución de algunas conciliaciones, se redujo a 13 los imputados que se sentarán en el banquillo de los acusados.
