Ministro Amador cambia el tono: dice que no apoya ampliar vida útil de buses
En diciembre dijo que críticos de ampliación "hacían tormenta en vaso de agua"
(CRHoy.com). En menos de 1 mes, Luis Amador, ministro de Obras Públicas y Transportes, pasó de calificar las críticas de quienes se oponen a ampliar la antigüedad de los autobuses como "tormenta en un vaso de agua" a asegurar que no apoya la extensión de la vida útil de las unidades.
El Poder Ejecutivo plantea que se establezca un permiso temporal para que las unidades operadas por las compañías autobuseras trabajen hasta que tengan una antigüedad máxima de 17 años y no hasta los 20 años, como propone un proyecto de ley dictaminado en una comisión legislativa. La norma actual indica que las unidades pueden circular hasta los 15 años de antigüedad y deben ir cada seis meses a la revisión vehicular.
A su vez, la Cámara Nacional de Transportes (Canatrans), que agrupa a las compañías más fuertes del sector, sostiene que la antigüedad permitida para operar debe pasar de los 15 a los 20 años.
Según la postura empresarial, las secuelas de la pandemia del coronavirus COVID-19 y la reducción en la demanda de los servicios impiden que muchas compañías cuenten con la capacidad financiera para cambiar las unidades.
Con el inicio del año 2023, aproximadamente 290 vehículos quedaron fuera de circulación tras cumplir los 15 años de vida útil (modelo 2007).
El 14 de diciembre de 2022, en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno, al ser consultado por la ampliación de la antigüedad de las unidades.
Esta fue la respuesta de Amador ese día:
Diay, están haciendo una tormenta en un vaso de agua. Es muy simple: los autobuseros sufrieron una pérdida de demanda por efecto pandemia, eso se dio, más o menos, por 2 años. Los autobuseros de la Gran Área Metropolitana (GAM) posiblemente sí tienen capacidad de reemplazar buses, pero van a ir a pedir un aumento de tarifa. Y los autobuseros de zona rural, posiblemente no tienen capacidad y, entonces, cuando nos llegue la fiscalización, vamos a tener que quitarle el permiso a la concesión y la gente se va a quedar sin servicio de autobús. Así de fácil.
La idea es que podamos tener una transición y que después se regrese, otra vez, a 15 años. Pero, que esa transición permita un cambio de flota y que ojalá el cambio de flota sea por buses eléctricos, que son ambientalmente mejores y más eficientes. Todo mundo quiere un bus nuevo, pero tenemos que hacerlo de una forma que no impacte al usuario.
Este 23 de enero, durante una comparecencia legislativa ante la comisión de infraestructura, Amador suavizó su postura y explicó que no respalda ampliar la antigüedad de los autobuses. Sin embargo, consideró que se requiere, por lo menos, 1 año más para concretar soluciones ante la crisis financiera que enfrentan algunas empresas que afirman no contar con la capacidad financiera para renovar unidades.
Esto dijo el ministro este 23 de enero:
"Yo no apoyo el aumento de la vida útil. Estamos en una coyuntura en la cual ocupamos (sic) unos meses, máximo 1 año, para poder dar una solución efectiva al financiamiento y traída de buses eléctricos. Pero, el apoyo como tal es indeseado".
"Los buses no solo consumen más, sacan más emisiones y necesitan más revisiones técnicas vehiculares. Hay una serie de inconvenientes"
"Yo mandé una nota, de hecho, donde yo indiqué que 1 año máximo, debería ser la extensión para poder salir de la coyuntura que tenemos en este momento y no aceptar servicio. Eso no significa que yo esté apoyando extender vida útil".
El Poder Ejecutivo analiza las alternativas financieras que podrían explorar las empresas para sustituir las unidades que ya cumplieron la vida útil. Incluso, se valora la posibilidad de que el Estado adquiera sus propios buses, para arrendar a las compañías, mediante "fondos verdes" o cooperación internacional.
El Consejo de Transporte Público (CTP), que está a favor del proyecto de ley para ampliar la vida útil, giró una notificación con la que advirtió que las unidades de autobús de transporte público de ruta regular, que ya cumplieron la vida útil (15 años), no pueden circular en carretera.
La institución señaló que la legislación vigente estipula que las compañías tienen 3 meses para sustituir los vehículos que debieron salir de circulación.
La junta directiva del CTP acordó, a finales de 2022, emitir una notificación a través del diario oficial La Gaceta para advertir sobre este asunto y reiterar que las unidades que ya cumplieron la vida útil no pueden operar.
Aunado a esto, el 10 de enero, la Defensoría de los Habitantes pidió al CTP aclarar aspectos ligados a las intenciones de ampliar la antigüedad de las unidades de autobús.