Ministro admite que vía a San Carlos no se terminaría en este Gobierno

(CRHoy.com). La conclusión de la nueva carretera a San Carlos, entre Florencia de San Carlos y San Miguel de Naranjo, tendría que esperar por un gobierno más.

Pese a que fue una de las principales promesas de campaña de Rodrigo Chaves, presidente de la República, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) Luis Amador admite que el panorama del proyecto es complejo y que la apuesta será "avanzar todo lo que se pueda".

La vía a San Carlos está dividida en 3 tramos: el central (Sifón de San Ramón-La Abundancia de Ciudad Quesada), la punta sur (Sifón de San Ramón-San Miguel de Naranjo y Autopista Bernardo Soto) y la punta norte (La Abundancia de Ciudad Quesada-Florencia, en operación desde 2018).

El tramo central está paralizado desde agosto de 2018 tras la decisión de la Administración Alvarado Quesada (2018-2022) de romper el contrato suscrito con la Constructora Sánchez Carvajal y "enderezar el rumbo del proyecto.

En tanto, en la punta sur no existe ningún avance físico y aún están pendientes los trámites expropiatorios requeridos en este trazado.

Para finalizar todo el corredor vial se estima una inversión requerida de $340,6 millones, de los cuales $225 millones provendrían del crédito acordado en 2020 con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) durante el gobierno de Carlos Alvarado Quesada.

Adicional a esto, se gestiona un traslado de aproximadamente $100 millones del fallido plan inicial para modernizar la carretera Interamericana Norte, entre Barranca y Limonal, con recursos también aportados por el BID. Este movimiento de recursos sería aprobado por el organismo multilateral en esta semana.

En principio, el MOPT proyectó tener la precalificación de oferentes interesados en asumir la obra para febrero de 2024 y la adjudicación para setiembre de ese año, con la mira puesta a arrancar trabajos en octubre. Sin embargo, la Asociación Procarretera a San Carlos no cree que estos plazos se cumplan.

Luis Amador, ministro de Obras Públicas y Transportes, indicó a CRHoy.com que desde la óptica personal y profesional el proyecto estaría concluido al cierre de 2026.

"Estamos tratando de que se puede dejar lo más avanzado posible. Lo ideal es terminado. Yo creo que no va a estar todo concluido, pero creo que sí va a estar muy avanzado y creo que, tal vez, uno de los segmentos (punta sur o tramo central) sí pueda estar terminado. Parcialmente, que podamos tener segmentos ya terminados. La totalidad del proyecto terminado no, yo creo que se va a pasar algunos meses en la próxima Administración (2026-2030), pero va a ser una cosa de 6 o 7 meses, en el máximo caso", dijo el jerarca.

Uno de los puentes inconclusos en el tramo central de la carretera a San Carlos. Foto de 2017. Archivo CRH

A inicios de este mes, el MOPT publicó por distintas vías una Solicitud de Información (Request for Information, RFI por las siglas en inglés) para recibir manifestaciones de interés de empresas constructoras de los países miembros del BID.

Según la cartera, las respuestas a una breve encuesta (documento disponible al final de la nota) proporcionarán información valiosa que contribuirá a la elaboración de los documentos necesarios para el proceso de precalificación y licitación que seguirá una vez finalizado este RFI.

Entre los indicadores financieros requeridos a las empresas interesadas destacan un capital de trabajo igual o superior a $50 millones, un patrimonio de $150 millones y una facturación promedio anual de los últimos 5 años igual o mayor a $120 millones. En cuanto a la experiencia, se busca la participación de empresas que hayan ejecutado al menos 3 contratos de obras de infraestructura vial cuyo valor sumado sea igual o superior a los $350 millones en los últimos 10 años.

Hay que recordar que Efraím Zeledón Leiva, viceministro de Infraestructura, aseguró en junio ante el Concejo Municipal de San Carlos que preveían la finalización de la construcción para 2027. Posteriormente, las proyecciones variaron y se indicó que el proyecto estaría concluido en mayo de 2025.

En tanto, en setiembre, Diana Korte, gerente de la unidad ejecutora del proyecto por parte del BID, dijo que el cumplimiento del cronograma estará sujeto a la gestión de expropiaciones. De momento, están pendientes de completar 38% de los trámites requeridos.

Si las expropiaciones no se obtienen a tiempo, el proyecto no podrá reanudarse, ni los contratistas podrán ingresar a las unidades funcionales en que se dividiría el proyecto. Salvo que existan programas de trabajo aprobados para los tramos que sí poseen las expropiaciones listas.

Korte también confirmó que el corredor vial tendría 3 estaciones para el cobro de peaje en distintos puntos.

El diseño original de la carretera procuraba que la vía fuera de 2 carriles, 1 por sentido. Sin embargo, en 2014, se aprobó la posibilidad para que el trazado pasara de 2 a 4 carriles.

El proyecto tiene 2 tramos pendientes: el central, que quedó con un avance superior al 70% en 2018, cuando la Administración Alvarado Quesada acordó finiquitar el contrato con la empresa constructora Sánchez Carvajal para reformular el proyecto, y la punta sur.  El primero costaría $130 millones y el segundo $190 millones.

La empresa local estuvo a cargo durante 10 años, hasta que la Administración Alvarado Quesada (2018-2022) optó por romper el contrato y enderezar el rumbo de la obra.

Desde agosto de 2018, la construcción está paralizada, con un 76% del trazado ya asfaltado.

Hasta 2018, el proyecto había consumido $291 millones de recursos estatales. Una cifra notablemente superior a los $61 millones estimados en 2005, cuando la obra comenzó a cargo de la constructora taiwanesa RSEA.

Entre los severos pendientes por resolver destacan: un hundimiento en el kilómetro 21, la necesidad de construir un nuevo puente sobre el río Laguna y una pugna legal por la existencia de un humedal en una parte del trayecto. En total, hay 40 puntos críticos por atender debido a inestabilidades geológicas.

El plan integral involucra 11 intercambios, 8 puentes mayores, áreas de pesaje, zonas de peaje y de actividad comercial.